Las inundaciones y la DANA de finales de agosto y principios de septiembre han superado las previsiones iniciales que situaban el coste aproximado de los daños en 45 millones de euros y 9.500 siniestros. Hasta el pasado viernes, el número de solicitudes de indemnización de los asegurados recibidas por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ascendía 10.191, y el coste estimado podría llegar a los 54 millones de euros.

El CCS había gestionado hasta el viernes el 10% de las solicitudes de indemnización recibidas y abonado más de 2 millones de euros.

De la cifra total de solicitudes recibidas, 6.005 corresponden a daños en viviendas y comunidades de propietarios; 3.145 automóviles; 873 comercios y otros establecimientos, inmuebles e instalaciones de carácter tanto público como privado de uso no industrial; 52 locales destinados a oficina; 113 industrias; y 3 obras civiles.

En cuanto a las zonas geográficas, de las 10.191 solicitudes la mayoría proceden de la provincia de Valencia, con 2.488 solicitudes (la mayor parte de de Sagunto, Torrent, Puçol, Canet d'en Berenguer, Llíria y El Puig de Santa María), y de Castellón, con 1.244 solicitudes (Benicàssim, Vinaròs y Monocofa). De las provincias de Toledo y Cuenca proceden 2.657 solicitudes, por delante de Tarragona (1.663), Madrid (1.367 solicitudes), Navarra (202), Zaragoza y Huesca (188).

Hasta el pasado viernes, el 53% de las solicitudes que había recibido el CCS se presentaron por teléfono y el 47% por internet. Los propios asegurados afectados lo hicieron en el 36% de los casos, el 41% fue a través de mediadores y el 23% las aseguradoras.

En función de las estimaciones iniciales y la recepción de las primeras solicitudes, el CCS designó un equipo de 115 peritos para valorar los daños, pero ha aumentado a 130 el número de peritos debido a que se han superado las estimaciones. "No se descarta una ampliación adicional si resultara preciso", señala.

El CCS espera que en un plazo no superior a 4 meses concluya la gestión y pago de los 10.000 siniestros recibidos en un plazo no superior a cuatro meses.