Según las conclusiones de un estudio elaborado por la Universidad de Barcelona y DAS Internacional, cerca de un 13,2% de los casos que se resuelven en un tribunal de primera instancia se deben a conflictos de seguros, es decir, conflictos iniciados por o contra aseguradoras. De los 207 casos analizados, casi el 50% han sido iniciados por una aseguradora, mientras que en un 35% han sido los particulares los que han demandado judicialmente a las compañías.

El estudio también pone de manifiesto que las aseguradoras son parte demandante y también parte demandada en el 25% de estos litigios. Este dato refleja que aquellas compañías que promuevan sistemas de resolución de conflictos ágiles y menos costosos que la vía judicial pueden reducir significativamente sus costes y, de este modo, incidir positivamente en su competitividad. Por ámbito de la demanda, se observa que más del 76% de los asuntos con componente aseguradora corresponden al área de RC, como tráfico, que concentra cerca del 40% de los casos, daños por agua (21,30%) o daños eléctricos (16,67%). En lo que respecta a la cuantía, en el 50% de los procedimientos judiciales se ha reclamado una cuantía igual o menor a 1.644 euros, y en el 77% de los casos la cantidad no supera los 5.000 euros.

Comentando los resultados del estudio, Raquel Alastruey afirma: “El sistema judicial está saturado por casos de muy escasa cuantía, lo que genera un gran coste al sistema y provoca que los ciudadanos que tienen asuntos importantes que resolver no dispongan de la atención que merecen”. Para Jordi Rivera, consejero delegado de DAS Internacional, “es necesario apostar por la mediación para descongestionar el sistema judicial. Hay estudios que apuntan a que la mediación permitiría ahorros del 75% en el coste del sistema judicial. La mediación permite además lograr un acuerdo consensuado entre las partes, en menos tiempo que en la vía judicial y con un menor coste económico y emocional”.

La jornada de presentación del estudio contará con la participación de Julio Fuentes, administrador civil del Estado; Jordi Rivera, y Miriam Blázquez, coordinadora de proyectos en la DGDFP.