Olvidar los procesos legales en la transformación digital puede concluir en la desaparición de la propia empresa. Así lo destaca un informe de Thomson Reuters  donde se señala que esta transformación es un cambio de paradigma que requiere un salto cualitativo. Apunta que la velocidad y dinamismo de los cambios implica "una brecha competitiva cada vez mayor entre las empresas que implementan las nuevas herramientas y las que siguen ancladas en el pasado". Admite que estos cambios requieren dar un salto hacia un proceso de transformación digital que "genere un valor agregado al cliente y que potencie la inteligencia organizacional".

A pesar de esto, menciona también que se da la paradoja de que los procesos legales no se han tenido en cuenta en este proceso de transformación. Critica que se han hecho esfuerzos en logística, contabilidad, crm, e-commerce, pero "la digitalización en los procesos legales va a la cola de las prioridades".

Subraya el dossier que dejar los procesos legales de la transformación tiene un impacto económico de gran magnitud puesto que ahorran tiempo y ganan en eficiencia, ayudan a afrontar los asuntos con garantía de éxito y se evitan daños reputacionales irreparables, incluso la desaparición de la empresa.

Por estas razones el informe considera que "el gran reto para las organizaciones en ser capaces de dar un salto cualitativo para sumarse a la renovación de la transformación digital como palanca que les ayude a diferenciarse haciendo las cosas de distinta manera usando la tecnología". Destaca que una empresa no es pequeña o grande por la tecnología que puede pagar, sino por  cómo piensa a la hora de apostar por soluciones que le pongan en el mejor nivel competitivo: "No es una cuestión de tamaño de la organización, sino de cultura, de determinación, de capacidad de reinvención".

Jurisprudencia y seguro

En el dossier, bajo el título 'La jurisprudencia marca la actualidad jurídica del sector banca y seguros', se destaca que ha habido 3 decisiones de los tribunales que han marcado el sector asegurador a nivel judicial en el último año: la doctrina fijada por el Tribunal Supremo sobre las cláusulas 'claims made' en contratos de RC, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 76 e de la LCS y la confirmación de la obligación de poseer seguro para vehículos se vayan a utilizar o no que ha realizado el TJUE.

Respecto al primer punto la abogada de Cuatrecasas, Ana Artola, indica que las cláusulas de este tipo (claims made) son plenamente válidas a la luz de la jurisprudencia del TS "siempre y cuando cumplan con los requisitos temporales que, de forma diferenciada, exige el artículo 73 de la LCS" para cada modalidad concreta de cláusula 'claims made': las retrospectivas y las prospectivas. Apunta que

En relación al artículo 76 e de la LCS se indica que la ley otorga un derecho al asegurado de someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de Defensa Jurídica. Sin embargo, en un trabajo del Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Pública de Navarra, Rafael Lara, se cuestiona su encaje constitucional al "vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" y se da cuenta de una sentencia del TC (1/2018) que declara inconstitucional y nulo dicho precepto.

El último caso según Thomson Reuters que marca las decisiones en seguros a nivel jurídica está la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que obliga a que cualquier vehículo matriculado en la UE que tenga permiso de circulación debe estar asegurado. El tribunal prevé la creación de un "organismo (nacional) que tenga por misión indemnizar los daños materiales o corporales causados en particular por un vehículo respecto del cual no haya sido satisfecha la obligación de aseguramiento".

La sentencia se refiere a un caso ocurrido en Portugal donde se produjeron 3 muertos en un accidente provocado por un joven que utilizó el vehículo de la madre estacionado en el garaje particular e inutilizado sin seguro.