La DGSFP ha contestado a la consulta que le presentó Adecose, donde cuestionaba el contenido de una carta que Ruralcaja estaba remitiendo a sus clientes, que establecía que el titular de una hipoteca, en virtud de lo acordado en la escritura, debe designar a Ruralcaja como entidad beneficiaria en caso de que se derive un siniestro sobre el inmueble, lo que va en contra de un criterio de la DGSFP de 2009. Adecose también llamó la atención sobre la práctica abusiva de Ruralcaja cuando solicita en la misma carta que el cliente se dirija a la oficina de la entidad antes de una determinada fecha “con su póliza en vigor con la cláusula de beneficiario a favor de Ruralcaja y el último recibo pagado para proceder a verificar las condiciones de la póliza. Como tiene pactado en la escritura, esta verificación llevará asociado un coste”.

La DGSFP señala en su respuesta que “en virtud de las competencias que la Ley de Mediación otorga a esta DGSFP y conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (RD 1398/1993, de 4 de agosto) se procede a la realización de las actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación del procedimiento sancionador”. Asimismo, indica que “una vez analizados los hechos denunciados y las alegaciones que en su caso formule la parte denunciada, esta Dirección General, podrá acordar la apertura de procedimiento sancionador, si se estimase que existen indicios o evidencia documental de la comisión de alguna infracción prevista en la Ley o podrá acordar el archivo del expediente”. Adecose esperará a conocer el resultado del proceso abierto para ver si finalmente se abre un proceso sancionador y analizar sus consecuencias.

Por otro lado, la DGSFP adaptará la Ley de Pensiones a la sentencia del Tribunal Constitucional que considera que los sindicatos no son los representantes legítimos de trabajadores en suspenso en las comisiones de control de Planes de Pensiones de Empleo. Según publica Cinco Días, la DGSFP comenzará una ronda de contactos con sindicatos y CEOE para elaborar un nuevo texto que ajuste la ley en vigor a los criterios expuestos en la sentencia del Constitucional. Mientras, no extenderá la aplicación de la sentencia más allá del caso analizado por el Tribunal (Telefónica).