La DGSFP ha detectado en los ERE financiados por la Junta de Andalucía el pago de un exceso de 66,15 millones de euros en comisiones por encima de la media de mercado, según un informe aportado a la juez instructora, Mercedes Alaya. Además, entre otras irregularidades, actuaron agentes de seguros para varias aseguradoras al mismo tiempo, se pagaron comisiones a varios mediadores por la misma póliza, hubo tomadores impropios y no hubo una identificación adecuada del mediador. Y las mutualidades del grupo Fortia carecían de la preceptiva autorización administrativa para operar fuera de Cataluña.