La incertidumbre respecto a los plazos de aprobación de Solvencia II obligará a la Administración española a reformas legales en diversos aspectos cuya regulación estaba previsto incluir en la futura Ley de Supervisión de Seguros Privados (LSSP), pero que no pueden demorarse para cumplir con otras recomendaciones o exigencias internacionales. Así lo explicó ayer en Barcelona la titular de la DGSFP, Flavia Rodríguez-Ponga, en el transcurso de la jornada ‘Claves estratégicas del sector asegurador en el entorno actual’, organizada por el diario Expansión y la consultora Capgemini. De este modo, dijo Rodríguez-Ponga, la Junta Consultiva se reunirá a finales de este mes para abordar reformas legales como la revisión del valor de los inmuebles (que pasará de hacerse cada 2 años en lugar de cada 3), la supresión de la DEC semestral de los corredores o la igualdad de género en los contratos de seguros. La idea inicial era englobar estos aspectos en la futura LSSP, que debe trasponer la norma europea al ordenamiento español.