En los escritos que han remitido al Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual rechazan ser culpables de la situación de Mercurio, de la que sólo fueron conscientes a principios de 2009 a raíz de un informe interno que revelaba una falta de 9 millones de euros en las provisiones para siniestros. Por ello, encargaron un estudio a la auditora de la aseguradora, PwC, que reveló que el déficit de provisiones "venía desde el año 2005 y se fue agravando, con desconocimiento de los accionistas y el Consejo de Administración, hasta el año 2008, inclusive", y que ascendía a 15,47 millones. Los dos empresarios critican que ni PwC ni los administradores nombrados a propuesta de la DGSFP, Jacint Boixasa y Fulgenci Ros, hubieran detectado esa falta de provisiones.

Por ello, consideran que fue ese cálculo erróneo de provisiones, que se arrastró durante años pese a "tantos controles, auditores y expertos", lo que situó a la compañía "en una situación realmente comprometida" y no su supuesta mala gestión. "En el patrimonio de Mercurio no se ha producido una salida fraudulenta de bienes o derechos", sostienen en los escritos, en los que insisten en que "se ha producido una sustitución de bienes o derechos por otros de mayor solvencia patrimonial frente a terceros" y que todas las operaciones han estado apoyadas en "valoraciones de mercado".