En la décima videoconferencia del grupo de trabajo 'Crisis Covid-19', Inade volvió a reunir a tres expertos. Uno de ellos fue Eduardo García, director general de Galicia Business School, para quien su gran preocupación respecto a esta crisis sanitaria y económica es si habrá un "día después", pues tenemos un grave problema de base. "Todo lo que pueda ser la reconstrucción económica estará condicionada por la velocidad en la salida de la pandemia", subrayó. Desde su punto de vista, el sector turístico es el más afectado junto a todas las actividades que le rodea, como ocio, eventos, espectáculos o restauración. En conjunto, todo esto puede suponer el 25% de la actividad económica del país. Para él, la solución pasa por incentivar el turismo "de interior" porque la "Marca España" ahora mismo no es atractiva en el extranjero. Otros sectores gravemente perjudicados son la automoción y los grandes centros comerciales. También criticó las ayudas a los autónomos por cese de actividad.

El segundo invitado fue Demetrio Ángel Fernández, director Territorial de Galicia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que señaló: "La inseguridad jurídica que estamos viviendo es brutal, aunque cierto es que se trata de una situación anómala que no se podía prever. Hay miedo e incertidumbre frente a lo que nos viene por delante, y perplejidad por el ritmo vertiginoso de sucesión de normas". Además, explicó que en la inspección de trabajo están centrados en tres frentes: el control de los ERTE, ya que "algunas empresas en ERTE siguen recurriendo a que sus trabajadores estén en teletrabajo. Esto obliga a la inspección a tener un control exhaustivo de vigilancia"; el control del permiso retribuido recuperable para actividades no esenciales y la valoración del "aluvión de denuncias en materia de prevención de riesgos laborales".

El tercer ponente fue el diputado del PP Eloy Suárez Lamata, presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados, que comentó que "la situación en el Congreso es atípica". Su intervención se basó en cómo se encuentra actualmente la actividad parlamentaria, casi parada y sin habilitarse el voto telemático para las Comisiones. Esto dificulta la tramitación de numerosas normativas, como el Real Decreto-ley que transpone la IDD el ordenamiento español.