Eduardo Torres-Dulce recogió anoche el XXII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, entregado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Al inicio del acto el presidente de Pelayo, José Boada, recalcó que “en todas las ediciones hemos procurado actuar con rigor” y subrayó que las grandes obras solo se alcanzan con gran esfuerzo y pasión. Sobre Torres-Dulce, aludió a su talla no solo como profesional sino como persona y el hecho de que “representa los valores de nuestra empresa”. Boada afirmó que en momentos como los actuales “es más necesario que nunca reafirmarnos en nuestros valores constitucionales”. Y anunció la convocatoria de la XXIII edición del premio.

Aplicar las leyes de un clima de libertad

Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado, reflexionó en su discurso sobre las responsabilidades de los juristas y reivindicó los derechos humanos como razón de ser de la convivencia. “Los juristas debemos propiciar que la interpretación y la aplicación de las leyes se haga en un clima de libertad, de libre debate en el mercado de la ideas”, aunque sea un debate cada día “más y más lejano, oscurecido por el ruido y la furia, bien del pensamiento único bien de esa moderna forma de censura que ha tomado la forma de lo políticamente correcto”.

El galardonado recordó que “tenemos la obligación de no rendirnos jamás, se requiera o no de nuestros servicios”. En concreto sobre la labor de los fiscales expresó que “creo firmemente que sólo desde un horizonte de exigente autonomía fiel a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica, los fiscales servimos con orgullo a una Justicia al servicio de los ciudadanos y al Estado constitucional de Derecho”.

Y proclamó que en estos tiempos “turbulentos y cambiantes conviene alzar la voz y reivindicar cueste lo que cueste ese bagaje de esperanza que son los derechos humanos fundamentales, sostén y razón de una convivencia de hombres libres  e iguales ante la ley y en la ley”.