La Unión Europea vuelve a situarse en el centro de la controversia tecnológica global. Mientras Bruselas retrasa la entrada en vigor de la Ley de Inteligencia Artificial para los sistemas de alto riesgo hasta diciembre de 2027, al mismo tiempo explora fórmulas para relajar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) con el objetivo de no quedarse atrás frente a Estados Unidos y China. El resultado es un delicado equilibrio entre competitividad, seguridad jurídica y protección de derechos fundamentales.

El aplazamiento de la Ley de IA, aprobada en 2024 como el primer gran marco regulatorio integral del mundo, busca ganar tiempo para definir estándares técnicos y reducir cargas administrativas. Según estimaciones de la Comisión Europea, la medida podría suponer un ahorro de hasta 225 millones de euros para las empresas. Sin embargo, la decisión deja durante más tiempo sin una cobertura clara a tecnologías sensibles como la identificación biométrica, la evaluación crediticia automatizada o la gestión inteligente del tráfico urbano.

"Posponer la regulación significa convivir con sistemas que manejan información crítica sin estándares claros de seguridad", advierte Sergio García Estradera, gerente de i3e. En un contexto en el que los ciberataques crecen a doble dígito y la IA se consolida como nuevo vector de riesgo, el experto alerta de que la simplificación normativa "no debe traducirse en desprotección ni en un riesgo sistémico para ciudadanos y empresas".

Cambios en la interpretación del RGPD

En paralelo, Bruselas estudia introducir cambios en la interpretación del RGPD, en vigor desde 2018 y convertido en referencia mundial en protección de datos. Sus principios de minimización y limitación de finalidad chocan con las necesidades de la IA generativa, que requiere grandes volúmenes de datos para entrenar modelos avanzados. Según ha adelantado Politico, la Comisión baraja reclasificar el desarrollo de IA como actividad de interés público o investigación científica, lo que permitiría reutilizar datos anonimizados sin recabar un nuevo consentimiento explícito.

Para García Estradera, esta vía "supone un cambio ideológico profundo". "Redefinir la investigación científica para incluir productos comerciales abre la puerta a una erosión progresiva de los derechos digitales", sostiene. A su juicio, Europa no puede permitirse llegar tarde a la carrera tecnológica "traicionando los principios que la han definido". "La privacidad no debe ser una moneda de cambio, sino una ventaja competitiva si se integra en un marco de innovación responsable", subraya.

La Comisión Europea prevé presentar en los próximos meses una propuesta formal sobre el futuro encaje del RGPD en el desarrollo de la IA, mientras la Ley de Inteligencia Artificial continúa en pausa. Entre tanto, el debate se intensifica en el seno de la UE: cómo impulsar la innovación sin vaciar de contenido las garantías que han convertido a Europa en referente regulatorio.

La pregunta sigue abierta y marca el rumbo del continente en la próxima década digital: ¿puede Europa liderar la inteligencia artificial sin renunciar a la protección de datos como uno de sus pilares democráticos?

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