Los expertos del Instituto Santalucía piden un Pacto de Estado sobre pensiones

Los expertos del Instituto Santalucía consideran que la preocupante realidad del sistema público de pensiones no tuvo reflejo en las pasadas campañas electorales, en la que ningún partido político propuso una política global para adaptar nuestro sistema a la nueva realidad demográfica. Por esta razón, han decidido pedir al nuevo Parlamento a que se llegue a un Pacto de Estado con una amplia mayoría para encauzar el crecimiento económico de forma general y la sostenibilidad del sistema de pensiones, en particular.

Para el Foro de Expertos, la sostenibilidad del sistema de pensiones ha de ser prioritaria por tratarse de una condición sin la cual no tiene sentido hablar de suficiencia o de otros objetivos más ambiciosos. Entre sus recomendaciones, urgen al Parlamento a buscar un nuevo consenso en el Pacto de Toledo sobre las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones de una forma que no suponga trasladar el problema en su integridad a las generaciones más jóvenes. Este consenso ha de tener en cuenta la actual situación demográfica, social y económica, que es muy diferente de la existente en el momento de puesta en marcha del Pacto, en 1995.

En segundo reflexionan sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones,  un objetivo deseable siempre que sea consistente con la sostenibilidad del sistema. Para garantizar la compatibilidad de ambos objetivos, resulta necesaria una reforma estructural del sistema que garantice que las pensiones iniciales no entren con un déficit al sistema, lo que exigirá una reducción de la actual tasa de sustitución hasta niveles más realistas y en línea con otras economías avanzadas. Esta reforma, se podría desarrollar con la adopción de un sistema de cuentas nocionales individuales de contribución definida con una tasa de rentabilidad ligada al crecimiento de la masa salarial y a las proyecciones de crecimiento económico a largo plazo, y un sistema de complementos a mínimos como el actual. Esta reforma no supondría la privatización de las pensiones públicas o el abandono del actual sistema de reparto, pero aportaría racionalidad, sostenibilidad y trasparencia al sistema, sin sacrificar la contributividad y la actual garantía de suficiencia para aquellos que han cotizado menos. Esta reforma ayudaría también a preservar la equidad intergeneracional del sistema, repartiendo sus cargas equitativamente entre todas las generaciones.

Además, las pensiones mínimas deberían blindarse frente a la inflación, manteniendo la práctica actual de financiar los complementos de mínimos con transferencias del Estado y en última instancia con impuestos generales.

Los expertos piensan que compatibilizar la sostenibilidad del sistema con su suficiencia, es crucial aumentar la tasa de empleo e incrementar la productividad y con ella los salarios. Las mejoras de empleo y, especialmente, de productividad son fundamentales para que la necesaria reducción de la tasa de prestación (ratio entre la pensión y el salario medios) no implique pensiones iniciales menores para la misma edad de jubilación. Siempre se puede contrarrestar la reducción de la tasa de sustitución con un aumento de la edad de jubilación Adicionalmente se deberían adoptar medidas que potencien la natalidad y diseñar una política migratoria de futuro.

El Foro aboga también por la plena compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación y el trabajo remunerado, como ya existe en otros países de nuestro entorno y en el nuestro, en ciertos casos, para los trabajadores autónomos, y se opone a cualquier propuesta que suponga un avance hacia la jubilación forzosa. Además, con respecto a la edad de jubilación, el Foro es partidario de ligar la edad mínima de jubilación a la esperanza de vida.

Previsión social complementaria

El Foro de Expertos recomienda potenciar la previsión social complementaria, actualizando y mejorando el marco normativo del ahorro de previsión a largo plazo de formas que respeten la neutralidad fiscal entre distintos activos. En su regulación deben tenerse en cuenta las mejores experiencias internacionales, incluyendo el sistema británico, caracterizado por su flexibilidad y una participación cuasi obligatoria.

Sobre la promoción del ahorro recalca que es necesaria una revisión de la fiscalidad del ahorro bajo un principio de neutralidad: la fiscalidad no debe distorsionar en ningún caso las decisiones de inversión real o financiera de los ahorradores. Debería incentivarse el ahorro previsional a largo plazo entendiendo este concepto de manera genérica. Se plantea la posibilidad de crear una especie de "perímetro de ahorro a largo plazo". Se trataría de una cuenta paraguas que permitiría realizar inversiones en distintos tipos de activos financieros disfrutando del mismo tratamiento fiscal que los productos previsionales actuales, como los Planes de Pensiones. El cliente podría vender y comprar los distintos activos sin penalización fiscal alguna, siempre que los recursos se mantengan dentro de esta cuenta, tributando únicamente en el momento de retirar sus aportaciones tras haber alcanzado la edad de jubilación.