El fiscal se opone a que los altos cargos de la CAM), acusados de cobrar dietas presuntamente irregulares, puedan usar un seguro de D&O contratado por la entidad con Caser para cubrir las posibles responsabilidades que se puedan derivar de estos cobros supuestamente fraudulentos. La póliza fue suscrita en 2010 para consejeros y directivos de la CAM y tiene una cobertura de 15 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez decidió fijar una fianza de 1,5 millones de euros para los 19 directivos que habrían percibido sobresueldos por su participación en la comisión de control de Tenedora de Inversiones, una sociedad de la CAM. Aunque en un primer momento Bermúdez se negó a que los ex directivos pudieran recurrir a Caser para pagar sus fianzas, el juez finalmente permitió a los altos cargos esta posibilidad.

Sin embargo, el fiscal defiende que los ex altos cargos de CAM depositen por sus propios medios estas fianzas. Argumenta en su recurso que se estaría amparando “el enriquecimiento ilícito si se permitiera que la obligación de restituir la satisficiese un asegurador en lugar del directamente responsable por su conducta dolosa”.