El Consejo de Ministros del pasado jueves analizó el anteproyecto de Ley para la trasposición de la directiva europea que regula las actividades y supervisión de los Fondos de Pensiones de Empleo con la intención de agilizar su tramitación. Este texto modificará el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

Según cita el Ejecutivo, incorpora novedades orientadas a "mejorar los sistemas de gobierno, la información, supervisión y transparencia de los fondos de pensiones". Señala también que hay otras medidas para impulsar la competitividad y la creación de un mercado único.

Otro de los aspectos que cambiará la ley tiene que ver con la información que deben recibir los partícipes y beneficiarios antes y después de la suscripción. Se incluye de manera obligatoria de manera anual una "declaración de las prestaciones de pensión". Este documento debe recoger la previsible pensión que le corresponderá al beneficiario cuando se jubile, incluyendo diferentes escenarios de posible evolución.

Esta obligación vuelve a poner encima de la mesa la 'Carta naranja' que distintos gobiernos se comprometieron a enviar a los ciudadanos sobre la prestación que deberían recibir a fecha de su jubilación. Una iniciativa reclamada y respaldada por el sector asegurador pero que no se ha llevado a la práctica, aunque su ejecución estuvo muy cerca de producirse. Con este paso el Gobierno extiende esta obligación a los fondos de empleo.