El Foro de Expertos del Instituto Santalucia cuestiona los Presupuestos 2023 aprobados por el Gobierno y considera que aumentan la incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social. En su análisis observan que el presupuesto es cada vez más complejo y confuso, incluyendo una mezcla de partidas contributivas y no contributivas, sin distinguir con claridad entre ellas.

Este capítulo social es la mayor partida de los presupuestos, más del 40% del gasto consolidado, lo que supone unos 204.209 millones de euros, un 12,8% más con respecto a 2021. Concretamente, el grueso del gasto en Seguridad Social de los PGE se destina a financiar las pensiones contributivas con un coste previsto de 166.777 millones de euros (11,2% más que el año anterior) y las no contributivas, que recibirán 2.803 millones de euros (sin incluir País Vasco y Navarra). Sin embargo, además de los complementos de mínimos para las pensiones contributivas y no contributivas, se traspasan al Estado otros gastos impropios que incluyen prestaciones explícitamente contributivas como el nacimiento y cuidado de menores, por un total de 3.117 millones de euros, y otros 5.560 millones de euros por conceptos no detallados.

"Aunque una de las recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020 era clarificar la separación de fuentes entre el Estado y la Seguridad Social, en la práctica ocurre lo contrario", comenta José Manuel Jiménez, director del Instituto. "Algunos gastos supuestamente impropios se traspasan al Estado y la falta de transparencia y de metodología objetiva para el cálculo presupuestario aumenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del sistema", subraya Jiménez.

Los expertos opinan que las trasferencias crecientes para la financiación de "gastos impropios" solo sirven para traspasar al Estado la mayor parte del déficit del sistema contributivo de pensiones, ofreciendo una imagen distorsionada de la salud financiera del sistema.

Hucha de las pensiones

Sobre el incremento de la 'hucha de las pensiones' con una aportación del Estado a un Subfondo de Reserva de 2.957 millones de euros procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, los expertos señalan que solo podría tener sentido con unos presupuestos de pensiones en equilibrio. Desde el Foro de Expertos valoran que esta aportación parece más un artificio contable adicional para cumplir con la norma, que el reflejo de una realidad que muestra un sistema financiero en déficit, donde habría que concretar otras soluciones para conseguir el equilibrio presupuestario a medio y largo plazo.

En cuanto a la actualización de las pensiones al IPC, señalan que los pensionistas serán de los pocos colectivos que tengan su renta protegida frente a la inflación, al contrario que la mayoría del resto de los trabajadores, que verían su capacidad adquisitiva reducida. Por tanto, los expertos reconocen que habría sido más equitativo blindar solo a las pensiones más bajas.

Finalmente, los expertos consideran que nuestro sistema de Seguridad Social debería evolucionar hacia un modelo de cuentas nocionales, en el que el sistema seguiría siendo de reparto, pero permitiría introducir mejoras relevantes, como el incremento de la transparencia, la equidad y la protección a la inflación.

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