El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, dijo ayer en una conferencia del Foro de Nueva Economía que la salida a Bolsa de Bankia “guarda un preocupante paralelismo con lo que sucedió hace 18 años con la ampliación de capital de Banesto. En 1993, la situación financiera de Banesto era extremadamente delicada. Para potenciar sus recursos propios se autorizó una macroampliación de capital en julio. Los fondos generados, sin embargo, no fueros suficientes y finalmente, en diciembre, se nacionalizó el banco ocasionando una ingente pérdida a los accionistas que, 6 meses antes, habían acudido a la ampliación. Casi 20 años después, hemos contemplado un proceso muy parecido: un banco sistémico con muchos problemas, una macrocolocación en Bolsa, una nacionalización a los pocos meses y un derrumbamiento de la cotización en Bolsa”.

Según Garralda, “en el difícil juego de equilibrar intereses, existe en nuestro sistema financiero un sesgo favorable a las entidades sistémicas, como Banesto y Bankia, en detrimento de los pequeños ahorradores. Hasta cierto punto es comprensible porque el Banco de España tiene que evitar a toda costa el riesgo de insolvencia de una entidad sistémica, y la mejor forma de hacerlo es capitalizando la entidad en dificultades con una ampliación de capital. Pero es precisamente en estas situaciones extraordinarias, cuando la CNMV debería velar con extremado celo por la bondad de la información que se suministra al mercado, y por la calidad de las prácticas de comercialización a través de la red. Lejos de ser deseable una plácida convivencia entre supervisores, lo recomendable es que haya una sana tensión entre ellos, porque defienden intereses contrapuestos”.

Críticas a CNMV y Banco de España

Por eso, criticó que “la Ley adolece de un defecto que convendría subsanar, pues por imperativo legal el subgobernador del Banco de España forma parte del Consejo de la CNMV y, en reciprocidad, el vicepresidente de la CNMV forma parte del Consejo del Banco de España. Para más inri, la ley prescribe que el secretario general del Tesoro y Política Financiera forme parte del Consejo del Banco de España y del Consejo de la CNMV, presencia que, precisamente, la semana pasada el FMI recomendaba eliminar. Existen, pues, 3 miembros, de los 7 que componen el Consejo de la CNMV, que se sientan en el Consejo del Banco de España. Por mucho que sean unas personas extremadamente equilibradas, que seguro que lo son, es imposible hacer abstracción de la gran losa de preocupación que les debe suponer lidiar con una posible insolvencia de una entidad sistémica”.

Añadió que “si no queremos que se vuelva a producir un descalabro como los dos que he mencionado, es recomendable cambiar la ley porque nadie nos asegura que no vuelva a pasar en un futuro cercano. La independencia real de la CNMV es esencial para que pueda proteger a los inversores, incluidas las situaciones extremas como las vividas, y sería un acierto romper cuanto antes esos lazos de consanguinidad con el Banco de España”.

Transparencia en los productos

Garralda instó a fomentar la transparencia en la comercialización de productos financieros: “El caso de las participaciones preferentes, que está clasificado como producto complejo, revela que el sistema de protección a los pequeños inversores no ha funcionado como la MIFID pretendía, y que sus prescripciones, aun siendo bienintencionadas, han tenido un alcance muy corto. El Ministro de Economía ha señalado repetidamente que la CNMV no veló suficientemente por los intereses de los inversores. No cabe duda que ha habido entidades que han sido muy cuidadosas en la selección de sus potenciales clientes, mientras que otras han seguido una política indiscriminada de colocación, con el consiguiente daño a su relación clientelar. Posiblemente hubiese sido más prudente no haber autorizado la colocación de preferentes a particulares o, de permitirse, al menos obligar a las entidades a efectuar un test de idoneidad que, para determinados supuestos, contempla la MIFID”.

Sobre la valoración de las preferentes al 100% de su valor nominal, cuando en los mercados secundarios cotizaban con descuentos del 50%, señaló que se trata de “un cierto acto de contrición por parte de las entidades, están siendo muy bien acogidas por los tenedores que verán compensadas, en gran parte, las pérdidas latentes de su inversión”, aunque reconoció que esta posición va en contra de los intereses de los accionistas.

Primavera del accionista

Por otra parte, el presidente de la mutua aludió a “la primavera de los accionistas”, en referencia a la primavera árabe: “Este movimiento está liderado por instituciones de primer nivel, y no por accionistas que reclaman su minuto de gloria en las asambleas, lo que hace prever que no sea una tendencia pasajera, sino una acción organizada para hacer cumplir a los ejecutivos las Recomendaciones de Transparencia y Gobierno Corporativo, con especial sensibilidad a la transparencia en las remuneraciones del Consejo”.

En su opinión, “casos como los de Aviva, Citigroup y Astra, se añaden a la cada vez más larga lista de votos de castigo. El tema de las retribuciones del Consejo ha pasado por un proceso que le ha llevado desde una primera fase, en la que podría ser considerado como una cuestión interna de la empresa y de su política, más o menos aperturista en lo relativo a la comunicación, a otra fase posterior en la que el mercado, y sobre todo la sociedad, exigen de forma enérgica que la información en esta materia sea pública (…) Si los accionistas, actuales y potenciales, quieren tener una prueba irrefutable de que los intereses del Consejo y los de la empresa están perfectamente alineados, tienen forzosamente que saber cuáles son las retribuciones de los miembros del Consejo. No parece que haya otra alternativa”.