El Gobierno señala, en el Plan Nacional de Reformas enviado a la Comisión Europea, su intención de “potenciar” el papel del sector privado en la prestación de servicios de la Ley de Dependencia, eliminando “trabas o preferencias por el sistema público” presentes, a su juicio, en la norma y en los desarrollos autonómicos de la misma. También se va a revisar el calendario de aplicación de la Ley a las personas en situación de dependencia para “acompasarlo a las capacidades financieras” del Estado y de las comunidades autónomas.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad plantea de nuevo el aplazamiento, hasta 2014, de la entrada al Sistema de Atención a la Dependencia a las personas valoradas como “dependientes moderados grado I” (leves). En diciembre, el Gobierno anunció la prórroga hasta 2013 de la aplicación de la Ley para la Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para nuevos beneficiarios que, según el calendario de aplicación de la norma, a partir del 1 de enero de 2012, correspondía a los dependientes “moderados”. El Ministerio de Sanidad indica que va a reformar de forma “integral” el sistema para “garantizar su sostenibilidad”. Para ello, quiere plantea avanzar en la “aplicación efectiva de la contribución económica del usuario del sistema” (repago) mediante un desarrollo “coordinado” de la normativa de las comunidades autónomas, que son las encargadas de aplicar la Ley de Dependencia. También se va a revisar el sistema de altas en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales (familiares de los dependientes, en su mayoría), cuyas cuotas son abonadas por la Administración General del Estado. El Gobierno va a revisar también las cuantías de las ayudas por prestaciones económicas previstas en el sistema.