El Gobierno afirma que no hay "ninguna constancia" de "irregularidades" en la concesión de un aval por parte de Cesce a Sacyr para el proyecto de las obras de ampliación del Canal de Panamá, y niega que la constructora recibiera un "trato de favor". Así lo asegura en varias respuestas escritas a los diputados Gaspar Llamazares (IU), Carlos Martínez (UPyD) y Joan Baldoví (Compromís-Equo). El Gobierno señala que la operación fue aprobada por la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado conforme a la normativa vigente, e indica que "hasta el momento la concesión del aval no ha generado ningún perjuicio ni a Cesce ni al Estado". Matiza que Cesce únicamente aseguró las fianzas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Sacyr (licitaciones, pagos, fiel cumplimiento y buen uso de los tres anticipos) pero que nunca realizó ningún préstamo a la empresa. "El riesgo que asume Cesce es el de impago de Sacyr al fiador (Zurich) del importe ejecutado de las fianzas o avales prestados en su nombre. Se trata, por tanto, de una fianza a los fiadores de Sacyr”.

Estas respuestas contrastan con las declaraciones que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, realizó en marzo en sede parlamentaria, cuando reconoció que el procedimiento por el que Cesce concedió en 2009 el aval a Sacyr fue "irregular" ya que el expediente tendría que haber pasado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno. Las garantías concedidas a la constructora en 2009 "no debieron haberse otorgado por ese procedimiento, que fue irregular", ya que "las operaciones de esa cuantía" deben pasar por la Comisión Delegada. "Y ésta no lo hizo", confirmando así las deficiencias que el Tribunal de Cuentas señaló en su informe de fiscalización de la actividad de Cesce de ese ejercicio, donde también recordaba que debería haberse aprobado una Orden Ministerial que "amparase" las peculiaridades de esta operación.