El Gobierno plantea la obligación de tributar por las indemnizaciones percibidas por vía amistosa

El revuelo ya se ha generado y lo que se calificaría como un paso de mejora del sistema judicial en realidad se contempla como una nueva vía para recaudar más impuestos. Así lo entienden los profesionales de la abogacía y los representantes de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico en relación con la medida incluida en el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal por la que las víctimas de accidentes tendrían que tributar por las indemnizaciones si las perciben como resultado de un acuerdo amistoso.

Esa posibilidad se recoge en una modificación en la disposición final segunda del anteproyecto y aunque no es una novedad porque ya se planteó en febrero de 2021, la cuestión ha saltado tras aprobar el texto el Consejo de Ministros este mes de diciembre.

Por un lado, aquellas indemnizaciones que reciban las víctimas por vía judicial seguirían exentas de tributar en el IRPF. Pero, por otro, sí tributarían las que deriven "de un acuerdo de mediación o de cualquier otro medio adecuado de solución de controversias legalmente establecido", que cuenten con la intervención de "un tercero neutral" y que "el acuerdo se eleve a escritura pública", recuerda el Consejo General de la Abogacía. Como ya criticó hace unos meses, valora que "el requisito de que el acuerdo se plasme en escritura pública, es excesivo y no se justifica", junto a reprochar la desconfianza que genera el texto hacia los medios adecuados de solución de controversias, lo que "no es coherente con el espíritu que inspira la reforma". En todo caso, se propuso que el requisito de plasmarlo en escritura pública "solo debería exigirse cuando en el acuerdo no haya intervenido un tercero independiente".

Más trabas para víctimas y aseguradoras

Las víctimas de accidentes de tráfico nunca han tenido que tributar en España por las indemnizaciones que han recibido. En caso de llevarse a cabo la modificación planteada por el Gobierno los accidentados o sus familiares si han judicializado la reclamación de la indemnización tendrán que afrontar los gastos de contratar un arbitraje y de hacer escritura pública, o si no pagar los impuestos correspondientes.

De todo ello la consecuencia sería el incremento de los procedimientos judiciales cuando hasta ahora la mayoría de los casos se resolvían por la vía amistosa, por lo general con las aseguradoras.

"Son muchas las voces que se han alzado en contra de esta medida, calificándola como simple afán recaudatorio hacia unos pagos que no se consideran incremento patrimonial, sino una compensación para que las víctimas queden resarcidas tras los daños sufridos y recuperen una situación similar a la que tenían antes del accidente, tal y como se expresa en la Ley del Baremo de 2015", traslada la Abogacía.

Como recogen varios medios de comunicación, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (Anava-RC) ha enviado sendas cartas al Ministerio de Justicia y a la DGSFP para denunciar que "el Gobierno recurre a una modificación legal en otro terreno para colarnos una medida de tipo recaudatorio", publica El Mundo.

Para Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC, "la iniciativa muestra un desconocimiento absoluto de la Ley del Baremo de 2015, que establece que las indemnizaciones deben procurar el resarcimiento total de la víctima tras los perjuicios sufridos". "Además, esa norma también promueve que se alcancen acuerdos entre las partes para descongestionar los tribunales, lo mismo que busca el anteproyecto de ley. En cambio, el efecto será el contrario", afirma. Considera que para el accidentado o sus familiares solo se abren las opciones de lograr que la aseguradora pague los gastos extras de contratar el arbitraje y formalizar la escritura o tener que acudir a la vía judicial, lo que supondría "un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada Administración de Justicia".

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