En otoño de 2020, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo aprobó una veintena de recomendaciones al Gobierno para abordar la actualización de las pensiones públicas. Casi 6 meses después, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha comparecido en dicha Comisión, en el Congreso de los Diputados, para informar de cómo va la implementación de esas propuestas.

El ministro ha explicado que, en primer lugar, se pondrá en marcha un primer bloque que se centrará en "el mecanismo para revalorización de las pensiones, las medidas para alinear la edad efectiva y la edad legal de jubilación, el avance del traspaso de gastos impropios y el desarrollo de un nuevo modelo de cotización para los trabajadores autónomos".

Revalorización de las pensiones

Dentro de ese primer bloque estaría, por tanto, el nuevo mecanismo permanente de revalorización de las pensiones para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, tal y como indica la recomendación 2 del Pacto de Toledo. El ministro ha destacado que el planteamiento actual "es un mecanismo sencillo y fácil de comprender, basado en el IPC, y que sería evaluado cada cinco años por el propio Pacto de Toledo".

El último planteamiento que se abordado con los interlocutores sociales, según ha confirmado José Luis Escrivá, consiste en la revalorización con el IPC del año anterior. Además, ha explicado que "en el supuesto caso de inflación negativa las pensiones no sufrirían ninguna merma, sino que quedarían inalteradas". Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia, salvo para las pensiones mínimas, a las que no se les aplicaría esta compensación.

Alinear la edad

En segundo lugar, el ministro de Seguridad Social ha explicado que también se incluirán en el primer bloque medidas encaminadas a cumplir la recomendación 12, que es la referente a alinear la edad ordinaria y la edad efectiva de jubilación. En este sentido, Escrivá ha detallado que se está trabajando ya con los interlocutores sociales en cuatro ámbitos: la modificación de los coeficientes de la jubilación anticipada, los nuevos incentivos a la jubilación demorada, la modificación de la jubilación parcial y la reforma de las cláusulas convencionales de jubilación forzosa.

Respecto a la modificación de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria, Escrivá ha destacado que se persiguen dos objetivos: "Incentivar la permanencia en el empleo y eliminar los elementos regresivos que tiene el sistema actual". Para cumplir el primer objetivo, el Ministerio de Inclusión plantea que los coeficientes reductores sean mensuales, en lugar de trimestrales como es ahora, de forma que favorezcan la permanencia en el empleo al adaptarse mejor a cada situación y permitir decisiones más meditadas a cada trabajador. Para Escrivá, este sistema planteado mejoraría la equidad ya que los coeficientes se aplicarían sobre la cuantía de la pensión, lo que haría que tengan los mismos efectos para todos, algo que actualmente no sucede, en el caso de los trabajadores que cotizan por la base máxima. Esta medida se implantaría de forma progresiva y en un periodo de 6 años para no perjudicar las decisiones de quienes están en los últimos años de su vida laboral. Y también ha indicado el ministro que se revisarán los coeficientes reductores de jubilación anticipada involuntaria en línea con los de la voluntaria, de forma que también pasarían a ser mensuales.

Jubilación demorada y jubilación parcial

En cuanto a la jubilación demorada, el ministro ha indicado que el planteamiento parte de la "mejora de los incentivos para prolongar la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación". En este aspecto, se ofrecerían tres tipos de incentivos, entre los que el trabajador podría elegir, "favoreciendo la máxima flexibilidad para cada persona". La primera opción sería un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda, un pago único de hasta casi 11.000 euros por año de demora para las carreras inferiores a los 44 años y medio, y mayor para carreras que superen esa extensión, llegando a ascender a los 12.000 euros; y la tercera sería una combinación de ambas.

En cuanto a la jubilación parcial, el planteamiento del Ministerio consiste en "flexibilizar su uso, a la vez que se corrige el abuso que se ha hecho de esta figura en algunos momentos". Escrivá ha explicado que ha planteado a los interlocutores sociales la posibilidad de concentrar hasta el 60% de la jornada el primer año, con la posibilidad de que en algunas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros se pueda acumular totalmente al inicio.

Sobre las cláusulas de jubilación forzosa establecidas en convenios colectivos, el ministro ha señalado que el planteamiento del Ministerio pasa por "proponer un modelo parecido al francés, que no aplica las cláusulas hasta los 68 años, con políticas activas para incentivar la permanencia". No obstante, para las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios colectivos bajo la normativa actual, se pondría en marcha después de la finalización del convenio y existiría un periodo transitorio.

Nuevo sistema de cotización para los autónomos

En este primer bloque, el titular de la cartera de Seguridad Social ha explicado que también se incluirá la reforma del régimen de autónomos, dando cumplimiento a la recomendación 4. Según ha precisado, este "trabajo" se está haciendo "conjuntamente con el Ministerio de Hacienda". Este nuevo sistema está en fase de diálogo con las principales asociaciones y el objetivo es que empiece a aplicarse a partir de 2022 con un periodo transitorio. El planteamiento del Ministerio parte de 13 tramos "para facilitar la máxima flexibilidad a cada trabajador, ya que cuantos más tramos, cada trabajador tiene mayores posibilidades de adaptación a su capacidad de pago".

Además, la flexibilidad también sería temporal, ya que cada trabajador autónomo podría elegir provisionalmente su base de cotización en función de previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año.

El segundo bloque

Una vez fijadas todas las medidas anteriores, el ministro de Inclusión ha afirmado que se pondría en marcha el segundo bloque para seguir modernizando el sistema de pensiones. Aquí entrarían en juego la reforma de las bases máximas y la pensión máxima, dando cumplimiento a las recomendaciones 5 y 11; la garantía de acceso de parejas de hecho a una pensión de viudedad (recomendación 13); la derogación del actual factor de sostenibilidad y su sustitución por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional; la adaptación del periodo de cómputo a las nuevas realidades del mercado laboral (recomendaciones 5, 11, 14 y 17); y el desarrollo de los sistemas de previsión social complementaria (recomendación 16).