El Gobierno ha presentado el primer borrador de la Carta de Derechos Digitales, uno de los compromisos fundamentales del plan España Digital 2025. Ahora, el texto se somete a consulta pública, abierta hasta el próximo 4 de diciembre.

Con su elaboración, el objetivo es reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual y proponer un marco de referencia para contribuir a su protección en ese contexto. El texto recoge un conjunto de principios y derechos para guiar futuros proyectos normativos y el desarrollo de las políticas públicas de forma que se garantice la protección de los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales.

En concreto, esta Carta incluye más de una veintena de derechos, englobados en 5 bloques:

- Derechos de libertad: Derecho a la protección de datos, a la identidad en el entorno digital, al pseudonimato, a no ser localizado y perfilado, a la seguridad digital y a la herencia digital.

- Derechos de igualdad: Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, a la protección de menores, protección de personas con discapacidad y a la protección de personas mayores.

- Derechos de participación y de conformidad del espacio público: Derecho a la neutralidad de Internet, a la libertad de expresión y de información, a la participación ciudadana por medios digitales, a la educación digital y Derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

- Derechos del entorno laboral y empresarial: la desconexión digital y a la intimidad.

- Derechos digitales en entornos específicos: Derecho de acceso a datos con fines de investigación científica, innovación y desarrollo; a un desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible; a la protección de la salud en el entorno digital; a la libertad de creación y al acceso a la cultura en el entorno digital; Derechos ante la Inteligencia Artificial y Derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías.

Con esta propuesta de Carta, España quiere seguir en una posición de vanguardia internacional en la protección de los derechos de la ciudadanía.

Este proyecto lo ha liderado la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y ha participado un grupo de trabajo formado por destacados juristas, representantes de usuarios e internautas o consultores de ciberseguridad, entre otros.