La familia Muñoz, anterior propietaria de Cahispa, ha interpuesto una demanda en los tribunales reclamando que se anule la venta de la compañía a Corbis por incumplimiento del contrato en el que cedieron el 90% del capital de la firma por 1 euro. El grupo que dirige Javier Pinto, por su parte, ha presentado una querella contra el anterior consejo de administración y contra Fernando Lavilla y Sergio Gago, los 2 administradores de la DGSFP que dirigieron la compañía del 2007 al 2011, a los que acusan de administración desleal que causó a la firma un perjuicio estimado en 60 millones de euros. El cruce de demandas y el enfrentamiento personal entre los nuevos dueños y los antiguos, que aún tienen el 10% del capital y un puesto en el consejo, afecta ya la gestión de la compañía, y ha llevado a paralizar la junta de alguna de sus participadas, según publica La Vanguardia.

El grupo familiar que lidera Arturo Guilló insiste en que el contrato de compraventa a Corbis condicionaba el porcentaje de capital que conservarían los antiguos dueños a que los compradores pusieran en marcha un plan de viabilidad, con una inversión inicial de 10 millones de euros entre otras condiciones que no se han cumplido. Ahora quieren recuperar la propiedad de las acciones y buscar a otro grupo inversor que asuma la propiedad y la gestión de la aseguradora. Corbis explica que en los últimos meses han detectado que la información que facilitaron los interventores y en la que basaron la compra no era correcta, y que los antiguos gestores realizaron diversas operaciones inmobiliarias en Canarias y Tailandia que han causado a la aseguradora unos daños de más de 60 millones. Y niega que la venta de las acciones estuviera condicionada ni que incluyera el compromiso de aplicar un plan de viabilidad. Corbis recuerda que ha invertido más de 3 millones en la empresa y la ha situado con unos fondos propios positivos de 5 millones.