El tejido empresarial español opera en un entorno normativo cada vez más complejo y exigente. La proliferación de leyes, los continuos cambios regulatorios y el incremento de las obligaciones en materia de cumplimiento, transparencia y buen gobierno han transformado de forma profunda el papel del administrador y del directivo de la pyme. Lo que antes se entendía como una función principalmente operativa se ha convertido hoy en una posición con una elevada exposición jurídica, con consecuencias directas sobre el patrimonio personal de quienes adoptan decisiones estratégicas.

No obstante, esta realidad no siempre es plenamente asumida por los propios responsables empresariales. Existe una brecha significativa entre el riesgo legal real al que están expuestos los directivos y la percepción que tienen de dicho riesgo. Así lo evidencia el II Informe de Pymes y Autónomos de España con datos de 2025 elaborado por Hiscox, que pone de relieve una preocupante falta de concienciación legal en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.

Según el informe, el 26% de los directivos reconoce no ser consciente de los riesgos legales que asume personalmente en el ejercicio de su actividad. Este dato resulta especialmente relevante si se considera que los administradores pueden responder con su propio patrimonio ante determinadas reclamaciones derivadas de decisiones de gestión, incumplimientos normativos o conflictos con terceros. En las pymes con empleados, el porcentaje de desconocimiento se reduce ligeramente hasta el 22%, aunque sigue siendo elevado y refleja una vulnerabilidad estructural en la cultura de gestión del riesgo.

La falta de percepción, sin embargo, no implica que las reclamaciones sean un escenario meramente teórico. Por el contrario, los conflictos legales forman parte de una realidad creciente en un contexto económico marcado por la incertidumbre, la presión competitiva y la evolución constante de los riesgos empresariales. El informe indica que el 18% de los directivos afirma haberse visto afectado por algún problema grave o reclamación de terceros.

Estas reclamaciones pueden originarse en múltiples frentes: proveedores, clientes, empleados, socios o incluso organismos reguladores. En muchos casos, no es necesaria una mala praxis intencionada; basta un error de gestión, una interpretación incorrecta de la normativa o una decisión estratégica fallida para que el directivo se enfrente a un proceso judicial largo, complejo y costoso.

Ante este escenario, la transferencia del riesgo mediante un seguro de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos (D&O) se consolida como un elemento clave dentro de cualquier estrategia de continuidad de negocio. Aunque el 45% de los directivos afirma no haber sido demandado nunca, la creciente complejidad del entorno empresarial hace cada vez más difícil garantizar la seguridad jurídica sin coberturas específicas.

El respaldo de una aseguradora especializada como Hiscox permite a los directivos desempeñar su función con mayor tranquilidad. Más allá de la protección financiera, este tipo de soluciones contribuye a profesionalizar la gestión del riesgo y a reforzar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. En definitiva, el seguro D&O, especialmente cuando cuenta con el asesoramiento y la cercanía de los mediadores de seguros para adaptar cada póliza a las necesidades reales del directivo, se posiciona no solo como una herramienta de protección, sino como una auténtica garantía de estabilidad para quienes lideran el presente y el futuro de las empresas.

La sección Rincón del Mediador Experto de Hiscox se publica en el nº de febrero de la revista Mercado Previsor.

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