El Instituto de Actuarios Españoles también cuestiona la reforma de las pensiones de Escrivá

El Instituto de Actuarios Españoles, un día antes de que se debata en el Congreso, se une a otras organizaciones como la AiRef al cuestionar la reforma de las pensiones propuesta por el ministro Escrivá. Desde el IAE creen que "deteriora la equidad contributiva y la sostenibilidad del sistema de pensiones" y que "la suficiencia de las pensiones no queda garantizada a 20-30 años vista".

Según el informe elaborado por el Instituto al realizar un ajuste del incremento de las cotizaciones que recae, en mayor medida, sobre los afiliados más jóvenes y/o con salarios más elevados, trae implícito el deterioro de la equidad contributiva, intergeneracional e intrageneracional del sistema.

Igualmente, y a la vista de los datos expuestos por el propio Ministerio, la reforma provoca un sensible empeoramiento de la sostenibilidad financiera del sistema que, para el IAE, hará que se tenga que aplicar en su totalidad un mecanismo de ajuste que activará una fuerte subida de ingresos -muy probablemente mediante el alza del tipo de cotización-, con las consecuencias que esto puede tener en el mercado de trabajo y, nuevamente, sobre la equidad del sistema.

Como explica Gregorio Gil de Rozas, vocal de la junta de gobierno y responsable del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del IAE, "la reforma incide en reforzar la suficiencia de las pensiones, lo cual es positivo, pero retrocede en fortalecer la sostenibilidad, entendida como la capacidad presente y futura del sistema de atender los compromisos que adquiere, y potenciar la equidad del sistema, es decir, la equivalencia actuarial entre lo entregado y lo recibido. Dos aspectos clave que quedan seriamente perjudicados y que, a medio-largo plazo (20- 30 años), ponen en serio peligro la suficiencia de las pensiones".

El informe muestra también que la reforma supone también un importante cambio de las fuentes de financiación del sistema, al hacer recaer todo el peso del ajuste sobre las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores que puede provocar un significativo quebranto en el empleo.

Como señala Enrique Devesa, coordinador técnico del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del IAE, "muchos países avanzados han realizado reformas de sus sistemas de pensiones en las últimas décadas combinando diferentes medidas. Hablamos del control del gasto futuro; el refuerzo de la sostenibilidad mediante la implantación de mecanismos de ajuste automáticos; el aumento de la participación de los trabajadores y el reparto de los esfuerzos entre las generaciones y la responsabilidad institucional, corporativa y personal; la búsqueda del equilibrio entre la Seguridad Social y la Previsión Social Complementaria; la vinculación de la edad de jubilación con la esperanza de vida; la promoción de la permanencia en el mercado laboral; y, en algunos casos, la combinación con fórmulas de pensiones de aportación definida. La reforma que se propone en España, sin embargo, sólo aborda medidas para mejorar los ingresos".

Creación de la 'Oficina del Actuario Jefe'

Ante esta situación, el IAE pide crear un órgano técnico e independiente que equilibre el sistema. Gil de Rozas quiere hacer constar que "en todos los informes sobre la materia (2019, 2020 y 2022) hemos defendido un punto de vista puramente técnico, derivado del análisis de actuarios y expertos independientes, enfocado en mejorar la equidad y la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, sin que ello suponga sacrificar la suficiencia"

Para el IAE urge resaltar la propuesta de la creación de la 'Oficina del Actuario Jefe', organismo independiente que se encargaría de realizar todos los cálculos y proyecciones de ingresos y de gasto de la Seguridad Social, tanto del sistema actual como de cualquier propuesta de cambio del mismo. Esta oficina ayudaría a explicar el sistema a la sociedad, reportaría directamente al Congreso de los Diputados y aplicaría las mejores prácticas, principios y criterios de la ciencia actuarial a nivel mundial. Como concluye Gil de Rozas, "replicaría el exitoso modelo anglosajón que actualmente aplican Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Japón, entre otros países, y que busca separar y diferenciar la dimensión técnica de aquella otra política o ideológica a la hora de tomar decisiones sobre el sistema de pensiones, algo que, en realidad, fue el objetivo con el que se creó el Pacto de Toledo en 1995".

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