La jueza que investiga los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía considera "indebidas" todas las comisiones cobradas por la mediadora Uniter, que ha cifrado en 51,5 millones de euros, con independencia de que sitúen por encima o por debajo de la media del mercado, según lo estipulado por la DGSFP, ya que para contratar con la Administración "no hacen falta intermediarios". Mercedes Alaya, imputa al dueño de Uniter, José González Mata, delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho contra la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales.