El juzgado de Instrucción número 38 de Madrid avala los argumentos de PSN sobre la desproporcionada intervención y liquidación de Banco Madrid y archiva la querella contra el consejo de administración de la entidad a la que se acusó de haber montado una estructura para permitir el blanqueo de capitales, lo que motivó su intervención y posterior liquidación por parte del Banco de España. El auto del juzgado considera que no solo no se acreditó ningún delito, sino que la entidad española reforzó más sus controles contra el blanqueo. Se trata de la cuarta decisión judicial en España que exime de toda responsabilidad a la entidad y a sus administradores.

El Consejo de Administración de PSN se ha mostrado muy satisfecho con esta decisión judicial en la medida que refuerza la posición de la Mutua, que lleva años denunciando que la intervención de Banco Madrid fue completamente injusta y desproporcionada. Así lo prueba el auto judicial en el que se afirma que "documentos, numerosos, que forman parte de la causa, no revelan indicios de criminalidad suficientes al nivel exigible, más allá de meras afirmaciones que no han sido suficientemente acreditadas". Es más, basándose en un informe pericial, el auto sostiene que Banco Madrid tenía procedimientos de control y prevención, incrementados por la nueva dirección.

Reclamación patrimonial contra el Estado

PSN inició en 2016 un procedimiento de reclamación patrimonial al Estado por los daños causados a la Mutua, en su doble condición de aseguradora y gestora de Planes de Pensiones. La cuantía estimada asciende a 16,5 millones de euros, según la valoración cuantitativa de un experto independiente contratado por PSN.

Además de la Mutua, los propios accionistas del banco perdieron 159,2 millones de euros. También afectó la intervención a los 300 empleados que perdieron sus puestos de trabajo y a los clientes con más de 100.000 euros que se vieron abocados a esperar un proceso de liquidación que, casi cuatro años después, sigue abierto, para recuperar su dinero.