El Gobierno tenía previsto constituir la Autoridad de Protección del Cliente Financiero antes de finalizar el año, pero la crisis provocada por el coronavirus ha alterado todos los planes. Según Servimedia, el Ejecutivo aplaza su desarrollo y puesta en marcha para 2021.

Esta Autoridad se convertirá en un organismo de resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Será gratuita para los usuarios y sus resoluciones serán vinculantes, contando así con más competencia que los actuales departamentos de quejas y reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la DGSFP.