Las multinacionales que operan en Brasil deberán revisar sus programas de gestión de riesgos para cumplir con la nueva ley anticorrupción ya en vigor en el país. Lo explica Marsh en último informe, en el que desgrana que la nueva ley responsabiliza por primera vez a las compañías con negocios en Brasil de las acciones corruptas de sus empleados. De hecho, la responsabilidad civil por daños a terceros puede aplicarse sin haberse probado el acto de corrupción; como ejemplo, si un empleado ofrece un soborno ya es considerado como infracción.

Detalla que a diferencia de otras regulaciones similares, las sanciones y multas contempladas no están limitadas a la cuantía propuesta en el soborno o acto de corrupción; y aunque las responsabilidad penal por un acto de corrupción afectaría sólo a los empleados e individuos involucrados, las multinacionales pueden ser responsables de la actuación de sus empleados por la vía civil y administrativa.

Machua Millett, autor del informe, observa que “dado que los países en vías de desarrollo como Brasil siguen mostrándose muy activos en la regulación de las actividades de las firmas extranjeras en sus territorios, es fundamental que estas multinacionales revisen sus programas de gestión de riesgo para garantizar que cumplen las nuevas normas”. Concluye que “no hacerlo repercutiría en multas, sanciones y restricciones que pueden llegar a alcanzar el 20% de sus ingresos anuales”.