Los mediadores tramitan el 38% de las solicitudes de indemnización al CCS por las últimas inundaciones

Los últimos datos del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) situaban en 45 millones de euros los daños por las inundaciones registradas entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre en diversas zonas de España. Hasta este martes el CCS había recibido 4.479 solicitudes de indemnización, de las que 2.668 corresponden a viviendas y comunidades de propietarios; 1.349 a vehículos automóviles; 380 a comercios y establecimientos no industriales privados o públicos; 28 a locales de oficina; 52 a industrias; y 2 a obras civiles.

De la cifra total de solicitudes de indemnización, el 37% las han presentado los propios asegurados, el 38% mediadores de seguros y el 25% restantes las asegurados de los afectados.

El CCS explica que, sobre la base de las estimaciones iniciales y la recepción de las primeras solicitudes, ha designado un equipo de 115 peritos para valorar los daños, que ha distribuido ya entre las distintas zonas dañadas. Los peritos han iniciado las primeras valoraciones.

Fuentes del CCS precisan que tras el reconocimiento de las zonas afectadas por sus equipos de siniestros con carácter de urgencia tendrá gestionar cerca de 9.500 siniestros que dejan ese coste y, aunque se trata de una sucesión de fenómenos de consecuencias relevantes, son "significativamente inferiores" a las producidas por la DANA de septiembre de 2019 que afectó fundamentalmente a la Región de Murcia y a la Comunidad Valenciana con más de 70.000 siniestros y un coste superior a los 450 millones de euros.

Daños susceptibles de evitarse

En relación con los temporales, estos días el Consejo General denunciaba que un "alto porcentaje de los daños producidos por los fuertes temporales de lluvia e inundaciones son previsibles y, en muchos casos, susceptibles de minimizarse o evitarse". Para ello alude a los "numerosos estudios científicos" que hay en España y que "detallan las áreas que estarían afectadas por inundaciones en un rango de años suficientemente amplio para que las administraciones adopten medidas como denegar permisos de construcción, modificar planes urbanísticos o prevenir daños a instalaciones mediante la construcción de defensas".

Entre otros informes cita el de 'Población en riesgo de inundación en España en la franja de los primeros 10 kilómetros de costa', elaborado por el propio Consejo General a través del Cecas. Una de las conclusiones del trabajo es que la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía son las zonas que presentan mayor riesgo, estimando que las superficies artificiales damnificadas por las aguas podrían llegar a 27.000 hectáreas afectando a 977.000 habitantes.

"Este tipo de estudios, cada vez más concisos y detallados, son fundamentales para las administraciones al contar con una información muy detallada. También son imprescindibles para los corredores y agentes de seguros, al mejorar el asesoramiento de los clientes a la hora de contratar una póliza que se ajuste lo mejor posible a su nivel de riesgo", según Javier Barberá, presidente del Consejo General.

La institución pide a las administraciones que aumenten la información que se proporciona a los ciudadanos sobre las viviendas y construcciones ya existentes, además de la importancia del riesgo de inundación en los planes urbanísticos. Para ello, sugiere a las autoridades que pongan en marcha algunas medidas, como la creación de etiquetas para edificaciones, la inclusión de la necesidad de conocer la inundabilidad cada vez que exista una compra o venta de una casa o soluciones basadas en la naturaleza para reducir los riesgos de las poblaciones más expuestas. También, recuerda "la conveniencia de una mejor gestión de las alertas meteorológicas y la existencia de una mayor actividad aseguradora en la prevención que contribuya a minimizar en lo posible los efectos de los desastres naturales".