La última jornada del III Observatorio de la Sanidad, organizado por El Español e Invertia, sirvió para abordar aspectos como como la formación de los profesionales de la salud, el modelo Muface y el mutualismo o el reto de las comunidades autónomas ante la atención sociosanitaria en la España vaciada.

Uno de los aspectos destacados jornada fue el futuro del modelo Muface y su sostenibilidad. Myriam Pallarés, directora general de Muface, y Pedro Cruz, portavoz del CSIF, coincidieron en la necesidad urgente de una financiación extraordinaria en 2023, al esperarse uno de los años más críticos para Muface y sus mutualistas. El CEO de Asisa, Enrique Porres, resaltó que la financiación "ni es suficiente ni adecuada, a lo que hay que añadir riesgos inminentes como el envejecimiento de los mutualistas, cuya edad está por encima de la media del país". La visión del portavoz del CSIF es que "el sistema actual está perjudicando a los mutualistas porque se han reducido los cuadros médicos y hay entidades que se han descolgado del sistema porque no les es rentable".

La directora general de Muface avanzó que están previstas reuniones con las entidades antes de final de año para estudiar posibilidades de mejora. Aunque afirmó que "si el sistema ha funcionado durante los últimos 46 años es porque aporta ventajas a todos los actores. En el caso de las administraciones públicas, por el ahorro en la financiación", reconoció que se necesita una evolución.

Al inicio de la jornada el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, dejó una clara advertencia: "A la sanidad le afecta la situación económica, y la situación a día de hoy es muy preocupante, determinada por una de las mayores inflaciones de la UE, por encima del 10%". Detalló que la situación de la sanidad española se agrava al analizar el gasto sanitario, que entre 2013 y 2019 creció 7 puntos más que la media de los países europeos análogos con buenos sistemas sanitarios públicos. Y señaló que el proyecto de la Ley de Equidad Sanitaria que impulsa el Gobierno "parte del principio de que la colaboración público-privada en la salud no es ni buena ni deseable", lo que considera que "sería tremendamente perjudicial para el SNS, porque, tal y como han demostrado comunidades autónomas que recurren a la colaboración público-privada sanitaria (Extremadura, Castilla-La Mancha o Cataluña), el trabajo compartido puede funcionar y funciona".

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