El presidente de la Confederación Española de Mutualidades, Pedro Muñoz, defiende un tratamiento específico de la aplicación de Solvencia II para las para las mutualidades de previsión social (MPS) y, en concreto, “para aquellas que garantizan el ahorro previsión de sus mutualistas a través de unas coberturas o productos que no se corresponden con los de una aseguradora tradicional”. Según Muñoz, las MPS ubicadas en el ámbito empresarial “realizan la actividad definida en la Directiva sobre Fondos de Pensiones de Empleo, instituciones que no están en el marco de Solvencia II y por ello y de igual forma, las MPS de empleo o trabajadores tampoco deberían estar en dicho marco”.

Además, en el contexto de debate sobre la reforma de las pensiones y la necesidad de incentivar desde los poderes públicos la previsión social complementaria, Muñoz ha defendido la coexistencia de lo público y lo privado y se ha mostrado convencido de de que “el incentivo del ahorro-previsión privado ayudará a reforzar el sostenimiento del sistema público”. Pedro Muñoz ha presentado las propuestas concretas de estas entidades.

Así, pide el desarrollo normativo conjunto de los sistemas de previsión social complementaria a la Seguridad Social pública porque consideran que reforzará los pilares que la sostienen, “ya que la regulación conjunta de los instrumentos de previsión social contribuirá a la adecuación normativa, evitando la dispersión actual y dotando de estabilidad y coherencia a unas normas y leyes extremadamente cambiantes en la actualidad, que en nada contribuyen al desarrollo de la previsión social complementaria”.

Incentivos fiscales

Las mutualidades consideran que ha quedado demostrado que el incentivo fiscal para el ahorro finalista destinado a la jubilación “es algo eficaz y absolutamente necesario para incentivar el mismo entre los ciudadanos”. Proponen que se lleve a cabo en una triple vía: Mejora de las reducciones en la base imponible del IRPF, y en consecuencia un aumento del límite de aportaciones hasta ahora existente; la homogeneización fiscal entre instrumentos de previsión, de forma que se consiga la neutralidad impositiva, independientemente de la forma jurídica elegida por los ciudadanos para canalizar su ahorro; y recuperación de la deducción en el Impuesto de Sociedades por las aportaciones empresariales a mutualidades de previsión social (MPS) y Planes de Pensiones a favor de los trabajadores.

Transparencia e información

A juicio de Muñoz, es necesario para generar confianza en la previsión social complementaria fomentar la transparencia en la información, de forma que los mutualistas, partícipes y asegurados conozcan con más detalle cual es la evolución de sus ahorros y cómo repercute sobre ellos la gestión de los mismos y los gastos que se les imputan.

También cree que es fundamental que el Gobierno asuma que “los ciudadanos no llegan a conocer la realidad que sostiene al sistema público de pensiones y los esfuerzos que las administraciones realizan, ni tienen la debida formación en materia financiera y actuarial que les posibilite realizar un análisis crítico y razonado de la realidad en la que todos nos encontramos”. En su opinión, los ciudadanos deben ser informados e instruidos sobre el funcionamiento del sistema de reparto basado en la pirámide poblacional. Y también de las “fuertes exigencias de solvencia y garantías financieras que la legislación española establece sobre los sistemas complementarios privados”.