La nueva normativa sobre el segundo pilar, "con inconcreciones", supone un paso adelante

El Colegio de Actuarios de Cataluña (CAC) ha celebrado la jornada 'Los retos de la industria aseguradora ante la reforma del segundo pilar de la previsión'. En el encuentro participaron, entre otros, directivos de la Mutua de los Ingenieros, VidaCaixa, Sabadell Zurich o Caja Ingenieros Vida.

La sesión se centró en desgranar la normativa aprobada a finales de junio del pasado año sobre la regulación para el impulsado de los Planes de Pensiones de Empleo. Una norma, apuntaron los expertos, pendiente de desarrollo reglamentario que ha introducido "importantes novedades en el desarrollo de la previsión social en el ámbito de las empresas". Entre estos aspectos citaron los nuevos Fondos Públicos de Empleo, la nueva comisión de promoción y seguimiento, la nueva comisión de control especial, los Planes de Pensiones de Empleo simplificados, la plataforma digital única o los cambios en la fiscalidad del ahorro para la jubilación, entre otras.

Apuntaron los distintos ponentes que este marco normativo "exige" a las entidades aseguradoras, gestoras y mutualidades de previsión social el lanzamiento de productos, la adaptación de sus sistemas tecnológicos y, de manera especial, redefinir su estrategia de negocio y de servicios de Ahorro para la jubilación.

Entre las conclusiones que citan el CAC se encuentra que la nueva normativa, "aunque con inconcreciones aún, supone un paso adelante en la Previsión Social Complementaria, que las entidades deben aprovechar". Además, los expertos observan oportunidades tanto para los autónomos como para las pymes que "están necesitadas de información". También se apuntó que el nuevo escenario oferta oportunidades en mutuas y mutualidades que ofrecen servicios a colegios profesionales a través de coberturas alternativas al RETA.

Los ponentes resaltaron que falta educación financiera para hacer a la sociedad más consciente de sus ingresos y gastos después de la jubilación. Reclamaron, asimismo, ventajas fiscales que incentiven a empresas y pymes a negociar acuerdos en estas materias con sus trabajadores.

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