El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que contempla nuevas medidas para ayudar a autónomos y empresas que ya recibieron financiación avalada a reestructurar su deuda financiera por continuar su deterioro temporal a causa de la pandemia.

En concreto, este acuerdo amplía las medidas extraordinarias ya anunciadas el pasado 12 de marzo en el Real Decreto-ley 5/2021, que establecía 3 niveles de actuación: ayudas directas para reducir el endeudamiento por importe de 7.000 millones de euros y canalizadas a través de las Comunidades Autónomas; reestructuración de deudas para las empresas con un mayor nivel de deuda financiera, medida a la que se destinarán 3.000 millones de euros; y la creación de un fondo público de 1.000 millones de euros gestionado por Cofides para capitalizar empresas de mediano tamaño que requieran un apoyo adicional.

Con el fin de reforzar la solvencia de las empresas, el nuevo acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros establece 3 nuevas medidas para los préstamos que cuentan con aval público: una nueva ampliación de vencimiento de los préstamos cubiertos con aval público; el mantenimiento del aval público en los casos de conversión de los préstamos en préstamos participativos; y como medida de último recurso la realización de transferencias por parte del Estado para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.

Desglose de las 3 medidas

En cuanto a la extensión adicional del plazo de vencimiento de los préstamos que cuenten con aval público, las empresas que lo soliciten deben cumplir con una serie de requisitos: no estar en mora de ninguno de los préstamos que tenga suscritos con la entidad financiera, ni estar en procedimiento concursal y haber registrado una caída de la facturación en 2020 respecto a 2019 de al menos el 30%. En los casos en que no se cumpla el requisito de caída mínima de la facturación, será posible la ampliación del vencimiento por acuerdo entre las partes. Adicionalmente, se permitirá la ampliación del plazo de carencia por acuerdo entre las partes.

Asimismo, se establece la posibilidad de que, por acuerdo entre la entidad financiera y la empresa, se pueda convertir el préstamo avalado en un préstamo participativo, manteniendo la cobertura del aval público, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias, al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles. Para poder beneficiarse de esta medida, la empresa deberá haber tenido una caída de su facturación del 30% en 2020, con la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2020 presentando además un resultado negativo después de impuestos. Asimismo, la empresa deberá cumplir con los requisitos de no estar en mora en ninguna financiación suscrita con la entidad financiera y no estar en concurso de acreedores.

Finalmente, se contempla la realización de transferencias directas a autónomos y empresas para la reducción del principal de la financiación avalada contraída durante la pandemia. Este eje se ve apoyado con la creación de una nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros. Para la concesión de estas ayudas será necesario que la entidad financiera y el deudor alcancen un acuerdo de renegociación de la totalidad de la deuda, avalada y no avalada.

La reducción podrá ser del 50% del principal avalado pendiente de cada operación si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior al 70% y de hasta 75% del importe avalado si la caída de facturación en 2020 fue superior al 70%. En todos los casos, para optar a estas transferencias, la empresa o autónomo deberá haber registrado una caída de la facturación en 2020 del 30% y la cuenta de pérdidas y ganancias tendrá que haber presentado un resultado negativo después de impuestos en el año 2020.

Las entidades financieras deberán asumir la parte proporcional de la reducción del préstamo, y el abono de las transferencias se realizará por orden de comunicación, estando limitado al agotamiento de los fondos establecidos para cada uno de los organismos que han concedido préstamos avalados: 2.750 millones de euros para avales gestionados por ICO; 100 millones para avales de Cesce y 150 millones para avales gestionado por Cersa.

Código de Buenas Prácticas

Para garantizar la puesta en marcha de estas medidas, el Gobierno también ha aprobado un Código de Buenas Prácticas que regulará el marco de reestructuración para clientes con financiación avalada. La adhesión es voluntaria para las entidades financieras y, cuando pase el plazo de un mes, la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional publicará un listado de entidades con avales públicos que han suscrito este Código y otro con las entidades que no lo han ratificado.

Las entidades financieras que se adhieran a este Código se comprometerán a estudiar la situación financiera de las empresas y autónomos que lo soliciten y gocen de financiación con aval público.