Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno tras ser investido el viernes en el Congreso de los Diputados y tomar posesión de su cargo el sábado ante el Rey Felipe VI. A lo largo de esta semana se conocerán los nombres de las personas que ocupen los distintos ministerios y a partir de ahí, los del resto de cargos, muchos de los cuales afectan directamente al sector asegurador. Además del cambio de ministro de Economía, en las próximas semanas podrían producirse previsibles variaciones en la Secretaría de Estado de Economía y en la DGSFP.

Pero además se abre un período de incertidumbre que puede suponer un freno a numerosas normas y proyectos en desarrollo. Por un lado, por la lógica etapa de transición que lleva a ralentizar los procesos; por otro, y como ya han apuntado expertos, porque algunas normas pueden verse frenadas en el Senado.

Algunas iniciativas en suspenso

Para el Proyecto de Ley de Distribución recién aprobado está abierto hasta el 7 de junio el plazo de presentación de enmiendas. El problema es que aún quedaría pendiente su tramitación parlamentaria que, si ya se preveía que iba a ser lenta, ahora puede complicarse. Sí o sí la directiva comunitaria tiene que transponerse. Si no se hace antes del 1 de julio, el mercado no tendrá los 3 meses de plazo de adaptación para el 1 de octubre.

Un proyecto que va a quedar en suspenso es el del baremo sanitario. La ex ministra de Sanidad, Dolors Monstserrat, prometió que antes de finalizar la legislatura habría un baremo sanitario con rango de ley. Los avances de la iniciativa para crear una herramienta que establezca las indemnizaciones por daños causados por la actividad sanitaria no se han hecho públicos. Al margen, Dolors Montserrat creó a principios de año un Consejo Asesor de Sanidad -con representación del sector asegurador, aunque mínima- que también queda en el aire.

¿Qué ocurrirá con la Autoridad independiente de Seguros y Planes de Pensiones? El ex ministro de Economía, Román Escolano, poco después de tomar posesión confirmó la próxima puesta en marcha de esa nueva figura, que afectaría de pleno a la DGSFP, tal y como se había anunciado al principio de la legislatura. Escolano había ratificado que era el momento de "relanzar" el proyecto de ley sobre racionalización y ordenación de los organismos supervisores de los mercados y para la mejora de su gobernanza.

Hay otro proyecto del que se ha hablado menos. Lo pilota el Tesoro y abarca las actividades financieras y de seguros. Es el denominado Proyecto de Ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero, que regularía el sandbox o entorno de pruebas para el desarrollo de proyectos digitales. De momento la iniciativa está en fase de consulta pública (disponible en la DGSFP).

Y queda pendiente de nuevo la reforma del sistema de pensiones. El Pacto de Toledo lleva meses negociando sin lograr avances.

Reacciones y peticiones al nuevo Gobierno

Instituciones públicas y privadas, organizaciones empresariales, sindicatos… Tras formalizarse el cambio de presidente del Gobierno han llegado las solicitudes y planteamientos de distinta índole. Además de felicitar al Ejecutivo entrante, se ponen a su disposición para seguir avanzando.

El IDIS afirma que continuará colaborando "para seguir trabajando en un escenario integrador, que procure encontrar y establecer las mayores sinergias posibles, y que tenga a los profesionales sanitarios en el centro de su atención y al paciente como centro del sistema, siendo este corresponsable en la gestión de su propia salud". "La sanidad de titularidad privada es el complemento necesario para dotar de solvencia y sostenibilidad al sistema. A este respecto, consideramos imprescindible que el nuevo gobierno fomente escenarios estables y predecibles que eviten incertidumbres innecesarias y que generen la confianza suficiente para que las inversiones sigan discurriendo en nuestro sector con normalidad", expresa.

De forma conjunta, CEOE y Cepyme han pedido al nuevo Gobierno que consolide la recuperación económica y que garantice la estabilidad política e institucional. Instan a "continuar impulsando reformas económicas para robustecer el crecimiento económico y no revertir las que ya están en marcha que, como la laboral, han tenido un gran protagonismo en la salida de la crisis y la recuperación del empleo".

ATA apuesta por "un diálogo constructivo, coherente y un trabajo constante" para "avanzar y alcanzar nuevos derechos para los autónomos y para que sigan siendo palanca del crecimiento y de la creación de empleo". "Son muchas las metas pendientes, así como las reformas e iniciativas parlamentarias que están aún vivas en el Congreso y que esperamos se puedan impulsar en este nuevo tiempo que abre en la política española", añade.

Desde los sindicatos, UGT reclama al nuevo presidente más agenda social y regeneración democrática. Entre otras cuestiones, considera "imprescindible la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, la derogación de la reforma de pensiones de 2013, la aprobación de una ley de igualdad salarial y una ley de igualdad de oportunidades. Así como una profunda reforma fiscal que favorezca el citado reparto de la riqueza".

En su caso, CCOO afirma que "hay que aprovechar el tiempo para que la recuperación se consolide con más igualdad y bienestar social". "Ha llegado el momento de aprovechar el tiempo y fijar las prioridades políticas y la agenda social hasta las elecciones generales anticipadas". En ese contexto valora los compromisos del nuevo presidente de avanzar una Ley de Igualdad Salarial, "una apuesta política y presupuestaria contra las violencias machistas, su deseo de reactivar el diálogo social, un pacto de rentas con subidas salariales como las propuestas por los sindicatos, la definitiva universalización de la sanidad pública, la activación del Pacto de Toledo para blindar el sistema público de pensiones y el diálogo territorial para normalizar las relaciones del Gobierno con las CCAA".

Desde CSIF piden diálogo al nuevo Gobierno y a los grupos políticos para garantizar la estabilidad y las mejoras laborales en las administraciones públicas. "Es preciso un compromiso político para desarrollar el acuerdo en otras materias como la recuperación de la prestación por Incapacidad Temporal, la jornada laboral de 35 horas semanales, la creación de un sistema de bolsa de horas recuperables para favorecer la conciliación, así como la puesta en marcha de fondos adicionales para mejorar las retribuciones sobre la subida ya acordada", añade.