Willis Towers Watson y el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y la de Extremadura han estudiado los últimos datos que la Seguridad Social ha publicado acerca de la ejecución presupuestaria a diciembre de 2018.

Esta información se ha relacionado con el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) adelantado para el año 2019, que se estima en -2,13%. Las conclusiones de sendos informes son claras: aunque el IRP adelantado mejora el de 2018 (-3,02% del año pasado y -2,13% actual), la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones no deja de preocupar a los expertos.

 A ello se suma que para el presente año se espera una creciente ralentización en los ingresos, lo que provocará que el déficit contributivo de la Seguridad Social en 2019 se resista a bajar respecto del de 2018 en términos absolutos, aunque probablemente sí que lo haga en términos de PIB, dependiendo del comportamiento final de las cotizaciones.

El déficit contributivo en 2018 se situó en 19.563 millones de euros

Como señala el informe provisional hecho público por la Administración, el déficit contributivo en 2018 se situó en 19.563 millones de euros (1,62% del PIB) con un ligero aumento en términos absolutos respecto al déficit de 2017 que se situaba en 19.289 millones de euros (1,65% del PIB). Este déficit es el resultado de unos ingresos contributivos de 116.172 millones de euros y unos gastos contributivos de 135.735 millones de euros.

"Observando el apartado de pensiones contributivas se comprueba que estas representan el 89,4% del gasto contributivo. "El crecimiento de esta partida ha sido más de 1,3 puntos superior que en 2017 (+4,71% en 2018 frente a +3,35% en 2017) debido a la nueva revalorización de las pensiones (+1,6%) que ha abandonado el límite inferior del IRP. En 2018 se ha mantenido el crecimiento", ha explicado Javier González Gugel, director de Desarrollo de Negocio de Pensiones, de Willis Towers Watson.

"La moderación en el crecimiento de los gastos contributivos se verá frenada por la revalorización de las pensiones del 1,6% en 2019, el aumento de las pensiones de viudedad del 56% al 60% de la base reguladora y la compensación del 0,1% de la revalorización de 2018", ha analizado González Gugel. Como se desprende de los informes, el aumento del gasto en pensiones contributivas, que se ha movido en el entorno del 3,3%-3,5% en los años 2014 a 2017, es muy probable que se sitúe nuevamente en el intervalo 4,5%-5%, como ha pasado en 2018. Como afirman los especialistas "el sistema necesita corregir de manera urgente el abultado déficit contributivo que arrastra desde hace varios años y que seguirá registrando en los próximos incluso en un escenario de crecimiento económico y de creación de empleo". Las soluciones que se vislumbran para contrarrestar este déficit se relacionan más con los ingresos que con la reducción del gasto (debido a los efectos políticos que estos últimos generan).

Está previsto que la financiación del déficit contributivo sea a través del recurso del fondo de reserva (3.693 millones según el proyecto no aprobado de presupuestos de 2019), de una nueva trasferencia del Estado no ligada a gastos no contributivos (850 millones) y de un nuevo préstamo del Estado (15.164 millones). Este último mecanismo de financiación del déficit supone emitir deuda pública que tendrán que devolver las próximas generaciones, por lo que sería recomendable no abusar de este recurso.

Tras la aplicación del IRP entre 2014 y 2017, el déficit del sistema de pensiones condujo a que la revalorización durante esos cuatro años fuese de 0,25% (mínimo legal). Este hecho no resultó muy problemático durante 2014-2016 al ser el IPC negativo, pero sí encontró contestación social en 2017 por la pérdida de poder adquisitivo que supuso (cercana a los 0,09 puntos). El pasado año se decidió abandonar provisionalmente para 2018 y 2019 la aplicación del IRP, y los técnicos apuntan a que en la próxima legislatura esa suspensión se convierta en derogación y vuelta al IPC como método de revalorización. Los investigadores no son del todo proclives a esta medida y se muestran partidarios de seguir calculando el IRP como indicador de referencia y luego establecer límites mínimos y máximos en su aplicación vinculados al IPC. "En caso de abandonar totalmente el IRP, la revalorización con el IPC debería modularse teniendo en cuenta variables últimas del sistema de pensiones, como ingresos y gastos contributivos, mejor que variables intermedias, como número de cotizantes, número de pensionistas; o variables macroeconómicas como el crecimiento del PIB".