El Consejo General del Poder Judicial ha dado luz verde, con los votos de la mayoría del sector conservador y de la vocal progresista Margarita Robles, a la contratación de un seguro que cuesta en torno a 450.000 euros para hacer frente a la RC en que incurran los jueces en el ejercicio de su función y que incluye el pago de las multas fruto de procesos penales y fianzas que eventualmente se les puedan imponer para eludir la cárcel por delitos dolosos. El sector progresista del Consejo considera, según El País, un "escándalo" que el Poder Judicial desembolse de las arcas públicas una cantidad de esa magnitud para afrontar responsabilidades que exceden del ámbito meramente civil y se adentran en el penal.