Hasta el último momento todo será una incógnita en torno a la Ley de Distribución. Hoy mismo se vota en el Congreso la norma y aunque no es la 'culpable', resulta que es prima de otra que ha generado el rechazo en el Partido Popular.

Como se recordará, el Real Decreto-ley 3/2020 se refiere a la incorporación al ordenamiento jurídico español de diversas directivas de la UE en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

El coordinador económico del Grupo Popular, Mario Garcés, ha denunciado que el Real Decreto-ley de contratación pública "suprime la cláusula anticorrupción, que se introdujo en la ley contratos en 2017, que limitaba la celebración y el encadenamiento de contratos menores de manera que no hubiera fraccionamiento, y de esa manera no se premiara las actitudes corruptas y de falta de transparencia".

Voto en contra

El Grupo Popular confirma que va a votar en contra porque "esta figura legislativa no se puede convertir en el vehículo jurídico natural para instrumentar este tipo de medida y porque es una vuelta a la caverna de la corrupción". Mario Garcés considera "inaceptable" la medida y entre otras cosas afirma que la decisión del Gobierno es "una manifestación palmaria de falta de transparencia y falta de integridad, y sobre todo el regreso hacia el paradigma de la corrupción".

Además, dentro de la incertidumbre que ha rodeado esta ley, hay que esperar también cuál será el comportamiento de los partidos independentistas, que siempre han buscado tener más competencias en seguros.