La investigación realizada por ARAG y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), recogida en el libro ‘Iniciativa Legislativa Popular’, confirma el interés de los españoles por que sus demandas sean debatidas en el Congreso de los Diputados. La prueba es que entre 2008 y 2001 se multiplicaron por 2 el número de iniciativas legislativas populares (ILP) presentadas. El libro fue presentado por Mariano Rigau, CEO de ARAG, el rector de la URJC, Fernando Suárez, y el magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano.

Los expertos prevén que a lo largo de esta legislatura se alcancen cifras récord en cuanto a ILP. Pero se encuentran diversos frenos, el primero de ellos es que los temas en los que los españoles quieren intervenir son, en su mayoría, expresamente excluidos por el artículo 87 de la Constitución y han sido causa de que no se hayan admitido a trámite 28 ILPs en todos estos años. “Aunque 7 de cada 10 españoles piensa que cada vez se van a presentar más Iniciativas Legislativas Populares, cuando se profundiza, las demandas afectan a materias vedadas, como las tributarias o aquéllas cuyo desarrollo está reservado a ley orgánica”, afirma Belén Pose, directora de la Asesoría Jurídica de ARAG. Según la encuesta, el 47,8% de los españoles presentaría una sobre agravamiento de las penas ante determinados delitos, más del 47% sobre reforma de la Constitución, un 39% la introduciría para intervenir en los Presupuestos Generales del Estado, etc.

Otro de los frenos es no conseguir el número de firmas requeridas en 9 meses para que se admita a trámite, por lo que no se han admitido 23 en todo el periodo democrático. Se necesitan 500.000 rúbricas, cuando la encuesta revela que los españoles consideran que 150 serían suficientes para presentar una ILP. Y un tercer obstáculo para que las ILPs no lleguen a ser eficaces está en el proceso de tramitación en el Congreso. La investigación revela que el tiempo medio de espera para que una ILP, tras haber salvado todos los requisitos, se discuta en el Congreso es de 9 meses a 2 años. En función del estudio de ARAG, el 64% de los encuestados cree que se presentan pocas ILPs porque no sirven para nada, ya que la última palabra la tiene el Congreso; el 37% cree que el sistema para presentar una ILP es complicado; y el 35% cree que conseguir medio millón de firmas es una tarea imposible.