Para la atención personal y patrimonial de personas mayores son fundamentales las figuras jurídicas que fomenten la autonomía de la voluntad, en función del principio consagrado en la convención de Nueva York. Lo planteó Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas, en la jornada organizada junto con Fundación Caser para la Dependencia sobre 'Autotutela y demás mecanismos de promoción de la autonomía y de protección de personas mayores con discapacidad'. Manuel Rueda, notario de Vitoria, resaltó que se deben impulsar vías para proteger la situación económica de las personas con discapacidad y que respeten su voluntad, para lo que se deben introducir reformas fiscales.

Antonio Illana, juez de Motril, aludió a la vulnerabilidad de los ancianos y su riesgo especial de ser desposeídos de sus bienes, lo que agrava su situación de pobreza económica y de exclusión que, en muchas ocasiones, acaba con el abandono. Cristóbal Fábrega, fiscal coordinador de la Sección de Discapacidad de Jaén, planteó la necesidad de cambiar el Código Penal para atajar los casos de expolio a mayores y Blanca Clavijo, presidenta de AfalContigo, insistió en la existencia de un déficit de políticas de protección del envejecimiento y del desgaste de las familias y en concreto de las personas encargadas del cuidado de mayores.