PSOE y Podemos han pillado desprevenido al sector asegurador. Casi sin que nadie se diera cuenta, han presentado enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para posibilitar el enjuiciamiento de los casos de accidentes consecuencia de cualquier tipo de imprudencia y evitar que el abandono de la víctima quede impune. Se calcula que las reformas propuestas supondrán para el sector asegurador unos costes de entre 500 y 800 millones de euros.

Hay 2 cuestiones que afectarán de forma muy sensible al sector. En primer lugar, los grupos parlamentarios del Congreso han alcanzado un principio de acuerdo para elevar de 4 a 9 años la prisión máxima por homicidio imprudente causado por una imprudencia grave al volante (como el exceso muy elevado de velocidad o la conducción bajo el efecto del alcohol o drogas). Esta medida, que probablemente se votará la semana que viene, es una antigua petición de las asociaciones de víctimas y de ciclistas. Como se recordará, con la ley del Baremo desde 2016 se despenalizaron muchos accidentes con fallecidos y grandes lesionados.

Por otro lado, se eliminará también la interpretación del juez, que ahora puede rebajar esa catalogación a menos grave o leve, lo que supone menores penas. Además, la reforma propone que abandonar a una víctima de un accidente sea siempre castigado, con penas que pueden llegar a los 4 años de cárcel. En la actualidad se minimizan esos castigos cuando la persona o el ciclista atropellados habían fallecido al instante.

Enmiendas a la Ley de Contrato de Seguro y Baremo

PSOE y Podemos han presentado una enmienda transaccional a los artículos 7 y 33 de la normativa del Baremo de Autos. Proponen incluir en la cobertura del seguro de RC obligatoria los gastos para pleitear y los gastos de peritos médicos (ambos gastos de las víctimas y perjudicados). Supondría un cambio radical en la política emprendida por la anterior Ley del Baremo de reducir la litigiosidad, y se incrementarían sustancialmente las reclamaciones. Se dejaría sin efecto el procedimiento extrajudicial del artículo 7.1 de la Ley 35/2015 del Baremo.

En segundo lugar, se propone un elevadísimo incremento de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Implica que pasarán a ser del 20% desde el momento del siniestro y subirán al 40% a partir del segundo año.

La consecuencia será también un aumento de las reclamaciones; además de estar cubiertos los costes, se podrá recibir una mayor indemnización, y se implicará a abogados y tribunales en el proceso de resolución de sus reclamaciones, lo que conllevará un incremento sustancial de los costes de indemnización. Es de aplicación a todos los ramos de seguros, no solo al de Autos.

Esta reforma supondrá al sector asegurador unos costes de entre 500 y 800 millones de euros, mientras que para el sector público implicará un incremento sustancial de los trabajos de jueces y tribunales.