Un borrador del Real Decreto sobre el derecho a la jubilación y otros instrumentos de ahorro complementario reconoce que las compañías podrán ser sancionadas si incumplen o efectúan un cumplimiento defectuoso de sus obligaciones informativas, según publica Expansión. Las entidades se enfrentarán a multas de entre 150.000 euros y 300.000 euros, revocación de la licencia o suspensión administrativa y amonestación pública si cometen una falta muy grave. Las infracciones graves estarán castigadas con una multa de entre 30.000 y 150.000 euros, suspensión administrativa y amonestación pública. Las faltas leves conllevarán el pago de hasta 30.000 euros y amonestación privada.

El borrador (fechado a 26 de septiembre) indica que tanto la Seguridad Social como los proveedores privados deberán remitir a los ciudadanos la información antes del 16 de mayo de cada año. En una fase inicial, sólo las personas mayores de 50 años o quienes acrediten el periodo mínimo de cotización previsto.