Santalucía y Mapfre estudiarán la fusión de sus servicios funerarios tras las condiciones de la CNMC

Finalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la operación de concentración de los negocios de servicios funerarios de Santalucía y Mapfre. Eso sí, lo ha hecho tras imponer una serie de condiciones.

Por esta razón, las dos aseguradoras se emplazan a analizar "las repercusiones y efectos" que dichas condiciones pueden tener sobre "el proyecto presentado". Dicho en otras palabras, ambas partes van evaluar si les compensa seguir adelante con los requisitos impuestos por la CNMC.

En un comunicado enviado por Santalucía, se detalla que "las entidades realizarán este análisis teniendo presente el interés existente en mejorar los servicios funerarios que vienen prestando en el mercado". De llevarse a cabo, estaríamos hablando de un gigante del mercado funerario español, con capilaridad directa e indirecta en el 100% del territorio.

Riesgos importantes para la competencia

Con esta operación, Santalucía aspira a controlar la práctica totalidad de los activos de Funespaña, filial del Grupo Mapfre. La CNMA la ha autorizado pero no como establecía el proyecto presentado por las partes ya que ahí la Comisión veía importantes riesgos para la competencia tanto en el sector funerario como en el asegurador.

En el funerario, la CNMC argumenta que, tal y como indicaba el proyecto inicial, se solaparían "horizontalmente las actividades de Albia, filial de servicios funerarios de Santalucía, con las de Funespaña, filial del Grupo Mapfre, y con un conjunto de empresas de servicios funerarios en las que ambas entidades tenían participaciones minoritarias". Como ejemplo, la CNMC habla del solapamiento en los municipios de Valdepeñas (Ciudad Real) y Bilbao. Además, concreta que en muchos municipios de España la empresa resultante de la fusión sustituiría a Funespaña. De hecho, estima que la entidad resultante se convertiría "en monopolista en los mercados mayoristas de tanatorio en 157 municipios, de crematorio en 35 y de cementerio en 14. Además, tendría cuotas elevadas en los mercados mayoristas de tanatorio en 217 municipios, de crematorio en 51 y de cementerio en 14". Con ello, afirma la CNMC, la aseguradora resultante de la fusión tendría "incentivo y capacidad para dificultar el acceso, endurecer las condiciones comerciales y/o deteriorar la calidad de los servicios prestados por la falta de competencia en estos municipios"

En cuanto al asegurador, la CNMC explica que se producirían "posibles efectos verticales". Esto se traduce en que Santalucía reforzaría "su posición como empresa aseguradora de Decesos, al poder prestar los servicios intragrupo, con el riesgo de expulsión de competidores, ya que la nueva entidad tendrá una mayor presencia en distintas zonas". Además, denuncia que el compromiso de Mapfre de "contratar los servicios de la empresa resultante y su participación del 25% en el capital social de la nueva entidad también refuerza la prestación intragrupo, especialmente donde exista menos competencia".

Finalmente, se detectaron "posibles efectos coordinados" entre Santalucía y Mapfre en distintos ramos "como consecuencia, fundamentalmente, de la mencionada participación de Mapfre del 25% en la entidad resultante".

Compromisos impuestos por la CNMC

Para evitar estos riesgos para la competencia, la CNMC ha aprobado la operación siempre que las partes acepten una serie de condiciones. Tres son compromisos propuestos por la propia Santalucía: la CNMC debe aprobar el guion de respuesta a la primera llamada que realice el allegado del fallecido, también debe supervisar una muestra aleatoria de todas las primeras llamadas que la nueva entidad atienda durante el año y que la empresa resultante facilite la entrada de un competidor en el municipio de Valdepeñas para evitar la situación de monopolio, además de desinvertir activos y garantizar que la situación previa no empeore.

Y a estas condiciones, la CNMC ha añadido las siguientes: Mapfre deberá eliminar su participación del 25% en la entidad resultante y, con ello, también la cláusula del contrato entre socios por la que se compromete a contratar los servicios de la entidad resultante; Mapfre no podrá realizar ningún nombramiento en la nueva entidad; y Santalucía tendrá tres meses para facilitar la entrada de un competidor en Valdepeñas.

Con las tres primeras condiciones, la CNMC cree que "se logra la independencia necesaria" entre las partes y "se evita la posibilidad de Mapfre de derivar los servicios hacia la entidad resultante, reforzando la prestación de servicios intragrupo y expulsando a competidores". Ésta es la oferta de la CNMC para aprobar la operación, así que ahora la pelota está en el tejado de ambas aseguradoras.