La Comisión Europea (CE) ha dado a España su segundo aviso por no trasponer la Directiva de Distribución (IDD) al ordenamiento jurídico nacional. Si la amenaza en septiembre fue una multa diaria de 100.000 euros, ahora es la de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el escrito, donde también se incluye a Chipre y Letonia, se da a los tres países 2 meses para introducir esta ley a su normativa nacional. La CE ha realizado esta petición en forma de un dictamen motivado, lo que implica que es el segundo paso dentro de un procedimiento de infracción comunitario después del anuncio de sanciones económicas. El organismo explica que los países mencionados "aún no han puesto en vigor las medidas nacionales necesarias".

Hay que recordar que la norma europea es de 2016 y los estados de la UE deberían trasladar a su ordenamiento jurídico la ley a más tardar el 1 de julio de 2018 y aplicarla el 1 de octubre.

Recientemente en Forinvest, dentro de la Feria Internacional del Seguro, algunos de los principales directivos del sector asegurador destacaron que su aprobación no será una realidad hasta el verano de 2020 después del adelanto de elecciones. También destacaron que desde la DGSFP había habido presiones para su aprobación a través del un Real Decreto, circunstancia que también descargó el Gobierno.