El seguro firma un convenio con la Fiscalía de Tráfico para garantizar los derechos de las víctimas

El seguro español a través de Unespa, junto a otras instituciones y asociaciones, ha firmado un protocolo con la Fiscalía de Seguridad Vial, en nombre de la Fiscalía General del Estado, dirigido a dotar de mayor protección a los derechos e intereses de las víctimas en el procedimiento judicial. El objetivo de esta acción es "establecer mecanismos de cooperación y canales de comunicación ágiles entre las partes".

La nueva presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, ha hecho mención, en su primera intervención pública como imagen del sector, a este importante acuerdo.

Los firmantes de este protocolo han destacado 5 objetivos:

- El impulso de la solución extrajudicial de las discrepancias, teniendo en cuenta la necesaria autorización judicial cuando se trate de menores y de personas con discapacidad para las que así se haya dispuesto judicialmente.

- Simplificación y celeridad de los procedimientos judiciales civiles y penales sobre siniestros de tráfico con resultados lesivos.

- Se contempla la información e instrucción de los derechos y prestaciones de todo orden de que son titulares las víctimas de siniestros de tráfico con la finalidad de lograr una asistencia inmediata y una atención de sus necesidades sin demoras injustificadas. Ello se realizará en coordinación con las Oficinas de Atención a las Víctimas y con las Asociaciones de Víctimas y demás asociaciones firmantes.

- Prestar a las víctimas de una atención e información pronta, eficaz y continuada, presidida por criterios de humanitarismo, velando por evitar que se produzca su "olvido". De esta manera, y buscando una mayor sensibilización social, se propiciará el impulso y su participación en actos y encuentros personales con las víctimas, así como la elaboración en protocolos operativos y coordinados con policías de tráfico, oficinas de asistencia a la víctima, etc.

- El quinto objetivo será la detección de conductas abusivas o modalidades de fraude a las aseguradoras o al Consorcio de Compensación de Seguros, procurando la máxima transparencia y observancia de la legalidad en el circuito económico-asistencial que debe estar orientado a su protección.

Añaden las partes que la firma de este protocolo "pretende "otorgar la máxima eficacia y transparencia al iter económico-jurídico que se genera a raíz del siniestro de tráfico del que resulta el fallecimiento o lesiones, constituido por actuaciones asistenciales, de tramitación en el ámbito interno del seguro, asesoramiento jurídico o procesales cuando se ejercitan acciones civiles o penales".  

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