La obligación de contratar un seguro de Responsabilidad Medioambiental quedará ajustada a 5.470 actividades con la entrada en vigor de la reforma de la  Ley de Responsabilidad Medioambiental. La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Guillermina Yanguas, explica que “a través de este cambio legislativo, de un total de 300.000 actividades, solo las 5.470 previstas en el Anexo III deberán suscribir esos seguros ante posibles incidencias ambientales”. Las empresas que no figuren en ese anexo, en su mayoría de pequeño o mediano tamaño, quedarán exentas de la contratación del seguro porque su potencial de daño ambiental es “mucho menor”. “Que no estén obligados a contratar un seguro no quiere decir que no estén sujetos al régimen de responsabilidad ambiental y tengan que pagar por los daños de producirse éstos”, precisa.

"De acuerdo con la anterior redacción de la Ley de Responsabilidad Ambiental, todos los operadores estaban obligados a establecer garantías financieras. Dentro quedaban englobados operadores muy heterogéneos. Desde industrias cementeras, centrales eléctricas, cuyo potencial de daños ambientales es mucho mayor, hasta pequeños negocios familiares como panaderías o estudios de música”, argumenta Yanguas. “No era razonable. Se establecían demasiadas garantías pero en la práctica no se exigían lo suficiente”, insiste. “Con esta reforma, vamos a conseguir que las garantías se apliquen a quienes verdaderamente generan las mayores incidencias ambientales”, señala.

Yanguas considera clave que las Administraciones Públicas se impliquen en los análisis de riesgos que están obligadas a hacer las empresas, “Desde el Ministerio hemos lanzado la aplicación Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA), que permite a las empresas predecir los escenarios de riesgo ambiental derivados de su actividad y calcular el valor económico de los potenciales daños”, destaca.