La póliza de Salud que el Gobierno anunció para garantizar la atención básica a extranjeros en situación irregular no existe 6 meses después de que éstos fueran excluidos del sistema. Desde entonces, por ley, alrededor de 150.000 apenas tienen derecho a la atención de urgencias, parto, posparto y pediatría. El convenio que ideó el Ministerio de Sanidad y que, pagando 710 euros al año si son menores de 65 años y el doble sin son mayores, les permitiría acudir sin trabas a consultas de atención especializada o pruebas diagnósticas está paralizado. Ese convenio fue aprobado en octubre de 2012 por el Consejo Interterritorial de Sanidad para dar cobertura a todo aquel que hubiera quedado fuera del sistema con la reforma sanitaria y quisiera contratarlo: los sin papeles y los rentistas que ganan más de 100.000 euros. El documento está ahora a la espera del dictamen preceptivo del Consejo de Estado, según publica El País.