El Tribunal Supremo ha anulado la pensión de 13,9 millones de euros del ex presidente de Mutua Madrileña, José María Ramírez Pomatta, al considerar que su cobro sería un “abuso de derecho”. El Tribunal Supremo da la razón así al juzgado de lo mercantil que, en septiembre de 2010, ya falló a favor de Mutua Madrileña desestimando las pretensiones de Ramírez Pomatta. De esta forma, Mutua Madrileña no tendrá que hacer frente a indemnización alguna a su ex presidente.

Mutua Madrileña explica que en septiembre de 2010 obtuvo una sentencia de primera instancia del juzgado de lo mercantil nº 11 de Madrid, totalmente favorable a sus intereses, que desestimó las pretensiones de José María Ramírez Pomatta por entender que resultaban abusivas. Además, el Juzgado condenó al demandante a pagar las costas del juicio. Ramírez Pomatta interpuso recurso de apelación solicitando de nuevo la estimación de su demanda.

Posteriormente, en febrero de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia –en sentido contrario a la de la primera instancia- que estimaba parcialmente la petición y condenaba a la entidad a pagar al demandante una suma de 14 millones de euros, frente a los 21 millones de euros reclamados. No obstante, la resolución de la Audiencia incluía el voto particular de uno de los tres magistrados en el que mostraba su desacuerdo con la misma, indicando que la sentencia anterior era correcta.

Mutua Madrileña recurrió al Tribunal Supremo por continuar considerando que la reclamación era improcedente, por constituir un manifiesto “abuso de derecho” prohibido por el artículo 7.2 del Código Civil. Por su parte, Ramírez Pomatta también recurrió la sentencia reclamando nuevamente los 21 millones de euros iniciales.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha dado la razón a Mutua Madrileña, confirmando que la reclamación de Ramírez Pomatta resultaba infundada. El Alto Tribunal estima, en efecto, que el comportamiento del José María Ramírez “constituye un abuso de derecho”. Establece que “la dimisión del Sr. Ramírez como consejero, dos días antes de la junta general de 30 de mayo de 2008, en la que presumiblemente se iba a dejar sin efecto aquella previsión social, no sólo pone en evidencia que el propósito de tal renuncia al cargo fue tratar de devengar el derecho a la previsión social del art. 25.5, al que no tendría derecho si cesaba como consejero después de que fuera aprobada por la junta general la modificación estatutaria propuesta por el consejo del que formaba parte, sino que además constituye abuso de derecho”.

Mutua Madrileña recuerda que su presidente, Ignacio Garralda, siempre había manifestado que la pretensión de José María Ramírez Pomatta debía rechazarse desde el punto de vista jurídico y que, por tanto, no procedía su abono, salvo que los tribunales decidiesen otra cosa en resolución firme, lo que no ha ocurrido.

Desde 2008, y tras haber sido propuesto y aprobado en la Junta General de mutualistas, pertenecer al Consejo de Administración de Mutua Madrileña no lleva asociada pensión o indemnización alguna al dejar el cargo de consejero.