Como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocido como Tasa Tobin. Gravará con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y con un valor de capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Es un impuesto indirecto y el sujeto pasivo será el intermediario financiero que ejecute la orden. El Ejecutivo prevé recaudar más de 830 millones de euros.

No afectará al mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salgan a Bolsa por primera vez. También estarán exentas las operaciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo Grupo y las cesiones de cáracter temporal.

La liquidación de este impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual. Esta nueva figura tributaria todavía no entra en vigor ya que ahora inicia la fase de tramitación parlamentaria. 

El Gobierno justifica este tributo en que "afecta al sector financiero", que fue "receptor de importantes ayudas públicas durante la crisis, de forma que ahora contribuya más al mantenimiento del Estado de Bienestar". Ya lo han adoptado países de la UE como Francia e Italia.