La aplicación de las tasas judiciales supone un duro obstáculo para muchos ciudadanos que deseen acudir a Justicia y para aquellos asegurados que en sus pólizas no tengan contemplada la cobertura jurídica. “Sin ningún género de dudas, las tasas judiciales perjudican muy gravemente a las víctimas de los accidentes de tráfico, pues se transforman en una barrera económica para que puedan acudir a los Tribunales de Justicia en busca de una adecuada tutela judicial”, declara a esta Redacción el abogado José Pérez Tirado, portavoz de las Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico en la Comisión de Expertos para la reforma del Baremo. Y junto a esa consideración argumenta que las tasas judiciales no influirán en el Baremo, “pues las asociaciones de víctimas hemos solicitado al Ministerio de Justicia que debe aplicarse una exoneración de dichas tasas a las personas que reclaman por daños corporales o a los perjudicados por fallecimiento, y confiamos en esa modificación de la Ley de Tasas, pues en caso contrario, es evidente que deberían de regularse el reintegro de las mismas a las víctimas de los accidentes de tráfico, pues solo se cumpliría el principio de reparación íntegra si a la indemnización que correspondiera se añadiera el importe de la tasa que ha tenido que sufragar el perjudicado para poder ser adecuadamente indemnizado”.

Todos los lesionados se ven afectados por el ‘tasazo’, aunque “muy especialmente” los grandes lesionados. Pérez Tirado pone como ejemplo un joven con lesión neurológica: Para reclamar una cuantía de 1 millón de euros, sus familiares tendrán que afrontar una tasa judicial de 5.300 euros, “solo para la primera instancia de un proceso judicial, siendo evidente, que se sitúa a la víctima del accidente en una situación injusta, tratándose de un verdadero ‘atropello’ a sus derechos constitucionales”.

Cuantiosos avances para la reforma del Baremo

En cuanto a la situación de los trabajos de la Comisión de Expertos para la Reforma del Baremo de la que forma parte, el abogado destaca los positivos avances en la nueva regulación sobre indemnizaciones por fallecimiento, quedando únicamente pendiente un acuerdo en la cuantificación de las indemnizaciones básicas; también sobre las indemnizaciones por secuelas, cuestión sobre prácticamente ya se ha culminado la regulación sobre todos sus factores de corrección y sobre lo que queda pendiente de resolver cuál debería ser la actualización de las cuantías por puntos secuelares. “En mi opinión, las modificaciones que se han introducido hasta el momento, pueden aportar un mayor nivel de justicia que haga compatible que al principio de seguridad y de certeza que ya facilita en la actualidad nuestro sistema indemnizatorio, se le sume el necesario acople al principio de reparación íntegra, permitiendo que nuestro sistema legal permita una individualización de cada caso, y reconozca incluso la situación de supuestos excepcionales que permitan garantizar una adecuada compensación indemnizatoria en todos los casos”.

Entre otros aspectos, Pérez Tirado resalta también el trabajo que realizan desde las asociaciones de víctimas para presentar una nueva Tabla VI (secuelas y sus puntuaciones), “pues creemos que es necesario que exista una comparativa con la Tabla VI que ha sido propuesta por Unespa, para que estén todas las secuelas que realmente se producen como consecuencia de los accidentes de tráfico, y al mismo tiempo para que tengan unas valoraciones adecuadas a la realidad del daño que producen.