La entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales incide directamente en las aseguradoras de Defensa Jurídica, ya que gran parte de las reclamaciones que gestionan se verán afectadas. Estas entidades registrarían una importante variación en el caso de las sanciones de tráfico a la hora de presentar recursos en nombre de sus asegurados, donde se puede observar el carácter disuasorio en diversos casos: Como ejemplo, para una sanción de 50 euros sin retirada de puntos, la tasa judicial para reclamar sería de 200 euros, muy superior al importe de la infracción.

Además, las aseguradoras que operan en otros ramos podrían ver reducido el número de demandas contra ellas porque el pago de tasas será obligatorio para presentar demandas y para recurrir a un tribunal superior (vía civil y contencioso-administrativa).

Las nuevas tasas judiciales promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no afectan a las personas que accedan al beneficio de justicia gratuita -no tendrán que pagar si se les concede ese beneficio- ni a la vía penal. Hasta ahora sólo pagaban determinadas empresas. Todas las organizaciones representativas de los profesionales de la Justicia coinciden en su oposición al 'tasazo' al considerar que crea una 'justicia para ricos', pero el Ministerio justifica que la medida servirá para frenar la excesiva litigiosidad en España.

Las tasas oscilan entre los 100 y los 1.200 euros; como ejemplo, en algunos procedimientos habrá que multiplicar la tasa por el 0,5% de la cantidad reclamada, lo que dispara el coste de la presentación de la demanda. En el caso concreto de las aseguradoras de Autos, las tasas pueden frenar la presentación de demandas a las compañías en caso de daños por accidentes de tráfico, pues a la tasa fijada habrá que multiplicar por 0,5% el importe de la reclamación. También afecta a las reclamaciones en Multirriesgos del Hogar, en indemnizaciones por negligencias, etc.