Tecnifuego reflexiona sobre la vida útil de los detectores de incendios

La mesa redonda anual de Tenifuego sobre detección de incendios, en su decimotercera edición, propuso una reflexión sobre la actualidad y la aplicación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), cuyos requisitos son obligatorios desde el 12 de diciembre de 2017. La vida útil de los sistemas, la retirada y reciclado profesional de los detectores iónicos, los requisitos de las empresas instaladoras y mantenedoras; la formación, la gestión en el mantenimiento o las inspecciones de las instalaciones han sido los temas tratados en la jornada.

Entre los ponentes, Mariano de Leonardo de Tecnifuego, hizo una valoración, a un año del RIPCI (Reglamento de instalaciones de protección contra incendios), y se refirió en concreto a las exigencias de los requisitos que deben cumplir las empresas, las normativas de calidad de los equipos, la obligatoriedad de las normas UNE citadas en el Reglamento, las actas de mantenimiento y el certificado de mantenimiento, que deben mencionar la relación de equipos que se han mantenido.

Albert Llarch, director de seguridad de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, hizo un repaso de los antecedentes normativos, y otorgó gran importancia a "cómo gestionamos el conocimiento y la especialización. Los jefes de seguridad tenemos un objetivo principal que es la seguridad de las personas, y para su consecución disponemos de un conjunto de factores: riesgos, equipos, personal, habilitaciones, requerimientos y normativas", concluyó

Lluís Marín, expuso el punto de vista de los fabricantes (Tecnifuego), partiendo del mandato del RIPCI, sobre la no retroactividad de la norma en cuanto a la vida útil de los equipos, informó de la postura de Tecnifuego que aconseja la renovación de los detectores antiguos en los 10 años transcurridos tras la entrada en vigor del R. D. 513/2017". En todo caso, Lluís Marín, recordó que la comunidad autónoma es la que tiene la competencia en esta materia.

Joan Pedreny, jefe de Emergencias y Protección Civil de Barcelona, basó su intervención en un interesante estudio de inspección en 30 establecimientos, realizado por un equipo mixto de bomberos, propiedad e inspector de distrito, y basándose en el fondo documental que parte del proyecto de concesión de la licencia: "Durante la inspección de oficio de 30 locales, se detectaron numerosas incidencias, sobre todo falta de mantenimiento de los equipos de PCI. Siguiendo las exigencias del Código Técnico de la Edificación en fachadas, evacuación, compartimentación, o equipos, todos los establecimientos tuvieron alguna incidencia bien de protección pasiva contra incendios, bien de activa". Pedreny también informó de un novedoso programa de los Servicios Sociales en el que se ha incorporado detección (de incendios, gas…) a 5.000 usuarios de Tele-asistencia. En caso de activación de la detección, la central de Tele-asistencia recibe aviso y se activa el protocolo de comunicación con Bomberos de Barcelona.

Juan de Dios Fuentes, coordinador del Comité de Detección de Tecnifuego, defendió la posición de la asociación en cuanto a la vida útil de los equipos y señaló como una prioridad la retirada con garantías de los detectores iónicos.

Fin de semana trágico

Este fin de semana han muertos 7 personas en sus viviendas a causa de distintos incendios. Este goteo ha causado desde noviembre de 2018 a febrero de 2019, 55 muertes en España. Una cifra provisional a falta del recuento y análisis final del año, pero que constata que el riesgo de incendio es una de las principales causas de muerte en la vivienda. Algo evitable según todos los estudios realizados en otros países de nuestro entorno, que han tomado el problema de frente y han reducido el número de muertes notablemente, solo con unos cambios en la legislación y una gran campaña de concienciación.

Ante esta situación, desde Tecnifuego creen que es necesario tomar medidas desde todos los ámbitos –públicos y privados- que quiebren esta tendencia y se alíen con la seguridad de las personas. La Administración tiene que contribuir a ello con una campaña que respalde la protección y ayude a interiorizar la necesidad de instalar aparatos de protección contra incendios (PCI), así como, en el ámbito regulatorio, hacer cumplir con las nuevas obligaciones que ha incluido el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) en los edificios de vivienda.